El coordinador del grupo de trabajo de empleo en Ciudadanos, Andrés Álvarez, destaca que el objetivo de esta propuesta es "garantizar una integración más eficaz y sostenible de las personas con discapacidad en el mundo laboral al mismo tiempo que aumenten el rendimiento económico de las empresas de iniciativa social y que, por tanto, estas refuercen su posición como generadores de empleo para este colectivo".

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en su Disposición Adicional Cuarta que se fijarán porcentajes mínimos de reserva, "se trata de unos porcentajes concretos obligatorios para la Administración del Estado, el resto de las administraciones y entidades del sector público deberán establecer su propio porcentaje mediante un acuerdo expreso y específico".

La diputada liberal, Valle Miguélez, reclama que se aplique ese porcentaje a la administración regional y que "la cuota que se reserve se amplíe al 10% a los dos años desde que se apruebe esta moción".

Entre otras medidas se reclama la constitución de una comisión de seguimiento formada por la Junta Regional de Contratación, la Consejería de la Administración Regional competente en la materia relacionada y con las Asociaciones representantes de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y de las Empresas de Inserción.

También se reclamará que "cada órgano de contratación remita, en cifras estructuradas para su seguimiento, el grado de cumplimiento de la cuota asignada al organismo competente en contratación", finaliza Miguélez.