Garzón podría juzgar a seis ex funcionarios de Bush por las torturas de Guantánamo

  • Ha enviado a la Fiscalía el expediente de una posible investigación por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos.
  • Entre los involucrados estaría el ex secretario de Justicia de Bush.
  • Es casi seguro que las órdenes no llevarían al arresto si estos ex funcionarios no salen de Estados Unidos.
El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo.
El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo.
EFE
El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado los primeros pasos para iniciar una investigación criminal contra seis ex funcionarios del gobierno del presidente George W. Bush por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos, en relación a presuntas torturas de prisioneros en Guantánamo, según adelantó Público.

Si se extendieran órdenes de arresto, su significado sería más simbólico que práctico

Garzón ya ha enviado a la Fiscalía el expediente de un posible proceso contra el ex secretario de Justicia, Alberto González, y otros ex funcionarios estadounidenses que supuestamente "violaron la ley internacional cuando proveyeron el marco legal que justificó la tortura de prisioneros" en Guantánamo.

Es "muy probable" que la causa progrese y lleve a órdenes de arresto, según un artículo del New York Times. "La acción representa un paso hacia la determinación de la responsabilidad legal de quienes fueron funcionarios de alta jerarquía en el gobierno de Bush, acusados por torturas y maltrato de prisioneros en la campaña contra el terrorismo", continúa el artículo.

"Pero algunos expertos estadounidenses señalaron que aún si se extendieran órdenes de arresto su significado sería más simbólico que práctico, y que es casi seguro que las órdenes no llevarían al arresto si estos (ex) funcionarios no salen de Estados Unidos", agregó.

Demanda de 98 páginas

Además de Alberto González, otro supuesto involucrado en la causa es John Yoo, un ex abogado del Departamento de Justicia que escribió opiniones legales según las cuales el presidente tiene autoridad para eludir las Convenciones de Ginebra sobre el tratamiento de prisioneros de guerra.

El Times señaló que obtuvo una copia de la demanda, de 98 páginas, que fue preparada por abogados españoles "con la ayuda de expertos en Estados Unidos y Europa" y que fue presentada por la Asociación por la Dignidad de los Prisioneros.

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