El nuevo fracaso de las negociaciones entre el Ejecutivo y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial aboca al órgano de gobierno de los jueces a seguir en una situación de interinidad tras haber cumplido el pasado 4 de diciembre dos años en funciones.
Las líneas rojas defendidas por ambas partes han imposibilitado un acuerdo cuya negociación se volvió a retomar la pasada semana en la conversación telefónica que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado.
En la conversación, mantenida una vez celebradas las elecciones catalanas, e expresó la disposición por ambas partes a negociar también las renovaciones pendientes de otros órganos constitucionales.
Casado reiteró entonces que mantenía sus condiciones, entre ellas que Unidas Podemos no participará en la negociación y que se avanzara en la despolitización de la Justicia.
Desde entonces, las conversaciones han estado encabezadas por el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
El veto a Podemos
El representante de los populares aseguró al inicio de esta semana que el Gobierno había atendido su petición y que el partido de Pablo Iglesias había quedado fuera de la negociación.
Pero tanto desde la parte socialista del Ejecutivo como desde el propio PSOE se aclaró que quien negociaba en nombre del Gobierno lo hacía en representación de los dos socios que lo conforman, el PSOE y Unidas Podemos.
También desde esta fuerza política se aseguraba que no estaban relegados y afirmaban estar muy tranquilos ya que confiaban en la lealtad de los socialistas en este asunto.
Así las cosas las negociaciones prosiguieron y se daba por inminente un acuerdo antes de que el pleno del Congreso votara el jueves a los miembros del Consejo de Administración de RTVE.
Hubo acuerdo entre Gobierno y PP para ese Consejo y el diálogo prosiguió para el resto de órganos, pero horas después, en la noche de este jueves, ambas partes emitieron sendos comunicados constatando "escollos" que impedían el pacto e informando de que rompían la negociación.
Fuego cruzado
El pacto se vislumbraba en el CGPJ ya que también este jueves el pleno del Consejo aplazó al 4 de marzo los nombramientos de nuevos cargos judiciales, dando así una semana más al Gobierno y al PP para seguir negociando la renovación de este órgano.
Este nuevo fracaso en la negociación da continuidad así a la falta de acuerdo el pasado mes de noviembre pese a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a darlo por hecho y dijo que solo faltaba hacerlo público.
Los reproches mutuos sobre la responsabilidad de que no sea posible la renovación se han sucedido desde que se cumpliera el plazo de mandato del órgano de gobierno de los jueces.
El pacto estuvo también prácticamente cerrado en 2018, con Pedro Sánchez ya como presidente del Gobierno.
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena era la persona elegida para sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo, pero presentó su dimisión, reivindicando su independencia, después de que se filtrase un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo su elección porque, decía, se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal.
Reforma aparcada
Ante el bloqueo, el grupo socialista y Unidas Podemos registraron en octubre en el Congreso una polémica proposición de ley para modificar la forma de elección del Consejo.
Pero después de que el Consejo de Europa y la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca la reforma para evitar una politización del Consejo, Sánchez se ofreció a dejarla en suspenso para favorecer la negociación con el PP.
Con posterioridad, los socios del Gobierno tramitaron otra proposición que limita competencias del CGPJ como su capacidad de hacer nombramientos cuando su mandato ha caducado.
El partido de Casado quiere reformar también el Consejo para que los propios jueces elijan a la mayoría de los vocales.
En concreto, proponen que los magistrados elijan los doce del turno judicial, los que se nombran entre jueces en activo, y que el Parlamento vote a los ocho del turno de juristas de reconocido prestigio.
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