El apasionado debate sobre la protección del lobo ibérico lleva años y años enfrentando a ganaderos, cazadores, ecologistas y administraciones. Ahora mismo se está terminando de escribir otro capítulo de esta larga historia, y quizá sea uno de los más cruciales.
El episodio comenzó en octubre de 2019, hace ya más de un año y medio, pero realmente es ahora cuando ha eclosionado. En aquella fecha, llegó una petición de catalogación del lobo junto a un informe de justificación de 66 páginas a los despachos del Ministerio para la Transición Ecológica que se ha convertido en la piedra angular del debate. Lo redactó la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).
Hasta ahora, matar al lobo intencionadamente de manera legal (mediante la caza deportiva o mediante 'controles' letales por parte de personal de la administración) solamente estaba prohibido al sur del río Duero. Y eso es justamente lo que quiere cambiar la petición administrativa de esa asociación al ministerio: pretende que esa prohibición se extienda también al norte de ese río y, por ende, a Galicia, Asturias, Cantabria, mitad norte de Castilla y León… que son las comunidades más loberas. Por eso, solicitan que las poblaciones de lobo que habitan al norte del río Duero pasen a formar parte del Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable y subsidiariamente en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). En esta última situación ya están las poblaciones de lobo del sur.
Hace unas pocas semanas, concretamente el día 4 de febrero, tras superar diferentes revisiones favorables por parte de comités científicos, administrativos, etc., la propuesta de ASCEL pasó uno de los últimos filtros para ser aprobada: recibió el visto bueno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que participaron representantes de cada comunidad autónoma, entre otros políticos. Fue un visto bueno sobre todo simbólico, puesto que no es vinculante.
Este viernes, por fin, todo ese enjambre burocrático terminará, pues es cuando finaliza una consulta participativa ciudadana que puso en marcha el ministerio. Es el último escalón antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden Ministerial que protegería al lobo en toda España. Al ministerio solo le faltaría responder a las alegaciones recibidas. ¿Cuánto tardará en hacerlo? No se sabe, aunque Jorge Echegaray, representante de ASCEL, teme que "se prolongue sine die", según explica a este medio.
"El ministerio se ha encontrado con que nuestra petición es el pretexto perfecto para hacer algo que tendrían que haber hecho ellos de oficio desde el año 2011”
¿Pero por qué un documento que envía una asociación al ministerio puede tener el poder de cambiar las cosas? Porque así lo establece la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en el año 2007:
“Cualquier Administración pública, o cualquier persona física o jurídica de derecho privado podrá solicitar a la Dirección General competente en medio natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la iniciación del procedimiento de inclusión de una especie en este Listado”.
Acogerse a este derecho, como lo hizo ASCEL, era algo que “no había hecho nadie en España con la especie más emblemática y controvertida de la fauna ibérica”, explica Echegaray. “El ministerio se ha encontrado con que nuestra petición es el pretexto perfecto para hacer algo que tendrían que haber hecho ellos de oficio desde el año 2011”, año en el que se aprobó el real decreto con el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial además del Catálogo Español de Especies Amenazadas. ASCEL ha pedido la inclusión en el catálogo, porque a su juicio el lobo cumple los criterios legales para estar clasificado como “vulnerable”. Sin embargo, el ministerio solo tiene la intención de meter al Canis lupus en el Listado y no en el Catálogo.
El borrador de la Estrategia para la conservación del lobo en España que ahora plantea el Ministerio para la Transición Ecológica (la estrategia que está actualmente en vigor data del año 2005) tiene como objetivo “alcanzar las 350 manadas de lobo en España para el año 2030, reducir la persecución ilegal del lobo y aumentar entre un 10 y un 20% el área de distribución actual para el año 2030”, según indica el propio ministerio.
El último censo nacional sobre la población de lobos presente en España se realizó entre los años 2012 y 2014, y contó un total de 297 manadas. Si finalmente el ministerio aprueba la modificación del estatus legal del lobo, además de quedar prohibido el abatimiento intencionado de lobos, está previsto que esos conteos pasen a realizarse con una periodicidad de cinco o seis años. Pero también supondría otra importante novedad, tal y como explica Echegaray: “Habrá más protección administrativa y protección penal, y cualquier acción que suponga el abatimiento de lobos puede ser objeto de sanciones elevadas y medidas penales”.
Echegaray defiende que hay que proteger al lobo en España frente a lo que piensan otros sectores, "porque la legislación internacional obliga a ello y el Gobierno y las comunidades están incumpliendo la ley desde hace décadas". Además, señala que "hay tres motivos adicionales basados en trabajos científicos que reflejan que la gestión de las administraciones hasta ahora es un desastre": "Uno, matar lobos no reduce la incidencia del lobo sobre la ganadería, sino todo lo contrario. Al vivir en grupos, cuando matas a un ejemplar, desestructuras el grupo. Al desestructurar ese grupo aumenta la tasa y la incidencia del lobo sobre la propia ganadería, ya que no acceden tan fácilmente a presas salvajes y al final lo que hacen es recurrir a lo fácil. Dos, matar lobos no reduce la caza ilegal, sino que la aumenta. Tres, matar lobos no mejora la percepción social de la especie, sino que la enquista, la polariza".
“No puede ser que la protección de la naturaleza esté supeditada a unos intereses de unos colectivos determinados. Una vez que se proteja a los lobos en ese Listado, los ganaderos podrán reclamar más ayudas a su sector para que haya una coexistencia real en la que no quepa la opción de matar lobos, como hasta ahora. Pero si el ministerio se echa atrás, defraudará no solo a la ley, sino que descontextualizará el marco de protección de todas las especies de España. Si permiten la caza y el control de lobos y no tramitan la solicitud, el marco de protección de la naturaleza y la biodiversidad de España será papel mojado y nos veremos abocados a judicializar la inacción de nuestros responsables públicos”, zanja el portavoz.
La otra cara de la moneda: los ganaderos
Claro que no todos observan la protección del lobo desde el mismo punto de vista. Rubén López es un joven ganadero que lleva desde que aprendió a caminar entre cabras y vacas en los verdes montes de Allande (Asturias), uno de los concejos con menor densidad de población de todo el Principado. En el momento que responde a la llamada telefónica de este medio, se encuentra él solo pastoreando junto a sus perros mastines a sus 700 cabras bermeyas, una especie autóctona en peligro de extinción. Cada día de la semana patea unos 20 kilómetros por los montes con su ganado.
“Rara es la semana que no me ataque el lobo”. Preguntado por cuándo le sucedió por última vez, responde que “hace un día”: “El domingo me faltaron las cabras y las encontré ayer”. El año pasado asegura que perdió aproximadamente 90 cabras y siete terneros por los ataques del lobo. “Las pérdidas económicas prefiero no calcularlas, porque... La idea que tengo es abandonar, porque esto cada vez se pone más triste. Si echo las cuentas, tengo que marchar mañana ya”, lamenta.
"[Los ganaderos] no somos unos radicales. Más daño que me hace a mí el lobo, no creo que se lo haga a nadie"
Por cada cabra que le mata el lobo, el Gobierno de Asturias le paga 60 € si el ejemplar tiene más de 6 años y 90 € si es más joven. “A mí que no me digan que una cabra con 6 años es una cabra vieja, porque no es verdad. Con 6 años está en lo mejorcito de la vida, y que te den 60 € por ella y que tarden a lo mejor un año en pagar... ¿Y yo ese año de qué vivo?”.
Rubén López siente que las administraciones no están protegiéndoles frente a los ataques de los lobos. “En una zona como esta, donde está certificado que hay daños de lobos una semana sí y otra también, si quitan ese pequeño control de lobo, ¿aquí qué va a pasar? [...] Cientos de personas viven de esto. Si meten al lobo a calzador, van a exterminar a todas esas familias. ¿Y sabes dónde vamos a acabar todos? Pues alargando la lista del paro, que creo que es corta”, ironiza.
Asegura que de todos los ataques que sufrió el año pasado, la administración no abatió a ningún lobo. “Lo que no se puede permitir es que en una ganadería una semana sí y otra también, el lobo esté matando al ganado y no se haga nada”.
Para él la solución pasa por que “cuando [el lobo] haga daño a una explotación ganadera, lo quiten de ahí”. Porque él, dice, al igual que otros muchos pequeños ganaderos extensivos, ya están haciendo todo lo que pueden para proteger su ganado. Tiene nueve perros mastines adultos custodiando a sus animales. “Hace mes y medio me mataron los lobos uno. Todos los años me matan dos o tres perros”.
El Ministerio para la Transición Ecológica aboga por que ganaderos y lobos convivan, pero Rubén López cree que es imposible. “Mayor ecologista que un paisano que viva aquí o que un ganadero no hay nadie. Porque, ¿a quién le interesa más que el entorno esté bien que al que le está dando uso? Los que estamos manteniendo a los lobos somos los ganaderos. No somos unos radicales. Más daño que me hace a mí el lobo, no creo que se lo haga a nadie, y no digo que se lo deba exterminar, pero sí hay que tener un control muy exhaustivo sobre él”.
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