Las dos quejas que encabezan el escrito denuncian tanto "las graves deficiencias del obligatorio proceso de participación vecinal previo a la redacción de la primera versión del plan como la carencia de respuesta" por parte del Ayuntamiento de València ante las alegaciones.

Según ha precisado la asociación vecinal en un comunicado, presentaron alegaciones cerca de 1.200 personas en abril de 2019 durante la primera exposición pública del PEC y más de 400 durante el segundo periodo de exposición en junio de 2020, "más corto y que se abrió durante la vigencia todavía del pasado Estado de Alarma".

Cuidem denuncia que en junio de 2020, los alegantes "no recibieron ninguna respuesta motivada, formal y particular como obliga la ley, sino solo una carta del Ayuntamiento simplemente anunciándoles el apertura del segundo periodo de exposición pública (en muchos casos cuando el plazo estaba a punto de acabar), y que hoy por hoy no ha habido ninguna respuesta tampoco a las segundas alegaciones".

El resto de las quejas repiten los argumentos ya desarrollados a las alegaciones colectivas. Señalan "el 'greenwashing' que supone la errónea contabilidad de las zonas verdes en el barrio, que incluye calles de peatones y rotondas, y la carencia de adaptación del plan a la actual situación de emergencia climática".

FRENAR LA TURISTIFICACIÓN

Las quejas también se refieren a "la carencia de medidas reales para frenar los procesos de turistificación en curso en el barrio" y "el cuestionamiento de la necesidad de vivienda nueva teniendo en cuenta el gran número de viviendas vacías en el barrio (2.750 entre privadas y públicas, más de un 20% del total según algunas estimaciones)".

Así, reclaman "la priorización de la regeneración, rehabilitación y reconstrucción antes que de la nueva construcción" y reivindican el barrio "como una unidad social y arquitectónica que llega hasta la mar, rechazando por lo tanto dividir el barrio por su fachada marítima y abocarla a la industria hotelera y turística".

En esta línea, los vecinos han pedido "la limitación máxima a tres alturas de todo el ámbito del PEC y la eliminación del planeamiento del proyecto de hotel de 15 alturas más centro comercial, entre otras cuestiones".

Mediante esta petición de intervención del Síndic de Greuges y las alegaciones colectivas y conversaciones con diferentes concejalías, Cuidem "quiere dar voz a una parte significativa del vecindario del barrio que quiere reformular en profundidad el PEC para dotarlo de un cariz social, urbanístico, medioambiental y feminista", ha expuesto.

"NO VENDA LA FACHADA AL NEGOCIO TURÍSTICO"

Así, ha insistido en que el Ayuntamiento "no venda al negocio turístico la fachada marítima del barrio y se haga cargo del coste de plan urbanístico como forma de saldar la 'deuda histórica' que tiene con el barrio del Cabanyal por décadas de políticas de destrucción y abandono".

La asociación vecinal considera "muy peligrosas las prisas para aprobar un planeamiento urbano que marcará la vida del barrio del Cabanyal-Canyamelar durante los próximos treinta años", y pide que "se vuelva a abrir la participación del barrio en su modificación, dado que es prácticamente imposible que vuelve el anterior planeamiento, el PEPRI y su prolongación de la Avda. Blasco Ibáñez, ya muerto y sepultado social, jurídica y políticamente, abandonado incluso por sus anterior valedores".