Así lo ha indicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, este martes en su visita a la ciudad, donde se ha reunido con el alcalde, Carlos González, y el conseller de Política Territorial, Arcadi España.

El president ha defendido que la agencia "va a costar tres millones de euros a los ciudadanos, pero va a sacar rendimiento tanto del tangible como intangible de muchos más millones de potenciación de la economía y al mismo tiempo de protección de un recursos absolutamente imprescindible para el futuro de la Comunitat Valenciana que es el respeto a su patrimonio natural rural".

Según ha explicado Puig, todavía no se ha decidido el emplazamiento concreto para esta nueva agencia y se trabajará con el consistorio en seleccionarlo. El organismo está previsto en la Ley Orgánica de Territorio, Urbanismo y Paisaje.

Puig ha argumentado que el patrimonio rural "se ha visto amenazado muchas veces por actuaciones de carácter ilícito". Con esto, se busca que haya un "marco legal, seguridad jurídica y capacidad de actuar contra aquellos que están vulnerando en un momento determinado el derecho de los ciudadanos al patrimonio natural".

"Aquellas edificaciones que puedan regularizarse atendiendo a las obligaciones que tienen en cuanto a la depuración, u otras condiciones para ser legalizadas van a significar, desde luego, un patrimonio mucho más razonable desde el punto de vista tanto del propio propietario como como los ayuntamientos", ha explicado.