La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación judicial sobre la supuesta caja b de Podemos, la llamada Caja de Solidaridad, donde los cargos electos de la formación ingresan la diferencia que hay entre la limitación de su sueldo y su sueldo real. Corrigen así los magistrados de la Audiencia al juez que en octubre de 2020 decidió archivar la causa. Desde Podemos señalan que en las causas contra ellos "ya nada sorprende" porque "se ven cosas que difícilmente se verían con otro investigado". "Es una investigación dirigida a salir en los medios de comunicación”, aseguran.
"Una vez practicadas las gestiones acordadas, su resultado ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito", se puede leer en el escrito judicial al que ha tenido acceso 20Minutos. La causa comenzó tras la denuncia del exabogado de la formación, José Manuel Calvente, que expuso la supuesta comisión de un delito de administración desleal de los fondos de la caja b, "toda vez que son utilizados no para los fines propios para los que se constituyó dicha Caja de Solidaridad sino para un presunto pago a un miembro del partido".
Basó su denuncia Calvente en la petición de 50.000 euros a la caja b que hizo Comunicación Popular, una asociación que en el escrito judicial se señala que está formada en su "mayoría" por miembros del partido. Eso sí, Escalonilla afirmó que no existía "ningún indicio de que dicha asociación no desarrollase la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad".
No obstante, la Audiencia Provincial dice ahora que “es razonable” pensar que “concurre una vinculación encubierta entre esa asociación y Podemos” que se “pudiera haber utilizado para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”. Se ha constatado que, de la petición de 50.000 euros, se transferieron 30.000 y que la formación “no ha facilitado información sobre si concedió esta cantidad”.
"Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores", concluyen los magistrados. Asimismo, también aceptan la personación en la causa de Celia Cánovas, abogada y exsenadora de Podemos, que denunció al partido por un presunto delito de blanqueo de capitales. Basó su acusación en la donación de 3.000 euros a la Caja de Solidaridad. Sin embargo, dijo, Podemos contabilizó una donación de 5.000, por lo que quiere saber dónde están los 2.000 euros restantes.
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