Los magistrados de la Audiencia Provincial han ratificado la sentencia de 27 meses de cárcel, multa de 3.000 euros y 800.900 euros en concepto de indemnizaciones, que dictó el Juzgado de lo Penal número 1 de Tortosa (Tarragona) en septiembre de 2019, como autor responsable de un delito societario de falsedad documental.

La sentencia da por probado que tras la compra de fruta en Andalucía que salió mal en 2000 y el inicio de un expediente sancionador que provocó una multa de 480.809 euros, Guarner ocultó la situación financiera de Agrofruit con un sistema de facturación ficticia para conseguir anticipos de financiación.

A partir de 2009, y ante la imposibilidad de cobrar los ingresos contabilizados, el exdirector general decidió "maquillar las cuentas" de la sociedad con subvenciones que no se iban a cobrar o inflando los importes de IVA pendientes de devolución.

Estas alteraciones contables se realizaron "aprovechando la confusión patrimonial existente entre Agrofruit y Ebrefruit", apunta la sentencia, sociedades de las que el condenado tenía facultades para gestionar las cuentas y que usó para crear facturas que presentaba a entidades bancarias para el descuento.

En total, el ajuste que debería realizarse por facturas de Agrofruit no reconocidas por Ebrefruit es de 5,48 millones de euros.

AMPLIACIONES DE CAPITAL FRAUDULENTAS

Además, Guarner propuso y llevó a cabo dos ampliaciones de capital de Agrofruit por valor de 300.600 euros y de 601.600 euros, respectivamente, en 2012 "para tratar de dar solvencia directa a la sociedad" y asegurando a socios y Consejo de Administración que la empresa tenía un balance positivo cuando no era así.

La Audiencia Provincial también da por probado que el acusado sobrevaloró la partida de saldo de clientes y no contabilizó las provisiones por impagos.

En 2013 Agrofruit no pudo cumplir sus obligaciones financieras, lo que obligó a Guarner a "confesar" la situación económica real de la empresa y a que el Consejo de Administración de Agrofruit y la Junta Rectora de Ebrefruit se vieran obligadas a presentar sendas peticiones de concurso voluntario de acreedores.

Las acciones de Guarner provocaron "más de 15 millones de pérdidas" en ambas sociedades, que tuvieron que ser finalmente disueltas por el administrador concursal.