La Fiscalía pide 30 meses de cárcel a un policía acusado de matar a un atracador

Entrada a la Audiencia Provincial de Madrid.
Entrada a la Audiencia Provincial de Madrid.
Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales dos años y medio de cárcel para un agente de la Policía Nacional acusado de homicidio imprudente grave por matar a un atracador cuando realizaba un disparo intimidatorio pensando que estaba usando un cartucho de fogueo cuando por error colocó uno de posta.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este lunes al agente por estos hechos, ocurridos el 21 de diciembre de 2018, cuando el delincuente cometía un atraco, usando unas mazas, en un establecimiento situado en el número 28 de la calle de Diego de León de la capital madrileña.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el policía acudió con un compañero al local tras ser aviados de que se estaba cometiendo un robo con fuerza.

Añade que cuando ambos agentes se dirigían al lugar en un furgón policial el acusado introdujo dos cartuchos en su arma, "pensando que metía primero el de posta y luego el de salva, que es el que se utiliza con fines intimidatorios y que es de fogueo", cuando lo hizo al revés.

Al llegar al establecimiento, el acusado y su compañero tuvieron que esquivar con el furgón policial a dos vehículos, uno gris que circulaba despacio y con la puerta abierta y otro que aceleraba.

Disparó pensando que el cartucho era de fogueo

Ante esta situación la pareja de policías comenzó a perseguirles y cuando el acusado vio a una persona en el suelo detrás del coche gris se bajó del furgón.

Al ver que era uno de los atracadores y que volvía a subirse al vehículo, el agente disparó pensando que era el cartucho de fogueo con "intención de intimidar", pero al notar el retroceso del arma y que la luna del coche estallaba se dio cuenta de que había cargado mal el arma.

A pesar de que el ladrón resultó herido consiguió huir en el vehículo y aunque le siguieron otros policías que se encontraban en la zona le perdieron la pista, pero finalmente falleció.

La Fiscalía reclama a la Administración General del Estado el pago de 103.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria a los familiares del fallecido.

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