En declaraciones remitidas a los medios este domingo, el socialista pide la puesta en marcha de "acciones y medidas necesarias" que permitan "impedir la consolidación del dominio u otros derechos reales" que fuesen registrados como propiedad de la Iglesia entre 1998 y 2015, a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar.

Esta modificación legal, tal y como critica Arangüena, permitía que las inmatriculaciones se hiciesen "sin título material" que las justificase "o cuando el bien fuese de dominio público" y no se pudiese declarar como privado.

Y es que, de acuerdo con los datos remitidos esta semana al Congreso por el Ejecutivo estatal, de los casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en toda España tras la reforma de la Ley Hipotecaria, 7.131 corresponden a Galicia, una cifra que solo supera Castilla y León.

Así, una vez este listado fue hecho público, los interesados en reclamar la titularidad de un bien determinado podrán hacerlo cuando estén en desacuerdo con la declaración de titularidad a favor de la Iglesia. Por este motivo, el PSdeG pedirá en el Parlamento gallego que la Xunta haga "accesible" la relación de las inmatriculaciones realizadas por la institución eclesiástica.

No en vano, Pablo Arangüena recuerda que los socialistas ya presentaron en la pasada legislatura varias iniciativas para reclamar al Ejecutivo gallego que "impidiese la consolidación" del dominio y otros derechos reales a favor de la Iglesia.

Se trata, explica, de "evitar situaciones en las que las inscripciones se hubiesen hecho sin título material y previo que las justificase o cuando el bien, por ser de dominio público, no pudiese pasar a titularidad privada".

MOCIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE LUGO

Por otra parte, el Grupo Socialista en la Diputación de Lugo ha registrado una moción, para debatir en el pleno de la Corporación provincial, que pedirá a la Xunta un aumento de las partidas destinadas al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ordinario y la eliminación del copago por parte de los usuarios.

En concreto, en esta iniciativa, el PSdeG lucense pedirá al Gobierno gallego que la financiación de esta prestación, que es "de su competencia", aumente para ajustarse "a la realidad del precio/hora actualmente vigente".

También reclamará que el SAF se preste "con la máxima calidad y con las mejores condiciones de trabajo" para los profesionales, teniendo en cuenta que la pandemia de la covid-19 ha requerido una intensificación de las tareas de los servicios sociales municipales.