La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz ha sido la encargada de explicar en rueda de prensa que la actualización de las directrices está orientada a favorecer el desarrollo de energías renovables que sustituyan a las centrales convencionales de producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles (carbón y gas natural, básicamente), con el fin de garantizar la seguridad y calidad del suministro y preservar también el empleo en el sector energético en la comunidad autónoma.

En Asturias operan actualmente 22 parques eólicos con una potencia total de 611,45 megavatios (MW). Además, se han recibido 47 solicitudes de nuevos proyectos que se encuentran en diferentes fases de tramitación administrativa y suman 862,41 MW.

Según ha indicado Díaz, para afrontar esta modificación, se abrirá un proceso transparente de participación pública en el que los distintos agentes podrán realizar aportaciones y plantear las reformas necesarias de cara a armonizar la protección del territorio con el desarrollo ordenado, pero también efectivo, de la energía eólica en el Principado.

El acuerdo aprobado en el consejo de Gobierno de este viernes supone el inicio de "una dilatada tramitación para que las futuras directrices sectoriales incorporen novedades en diversos ámbitos".

Así, se abre la posibilidad de instalación de parques convencionales en las zonas central y de baja capacidad; la posibilidad de permitir proyectos en los municipios incluidos en el Plan Especial para los concejos del suroccidente asturiano 2015-2025 (Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo) y la eliminación de los límites a la potencia unitaria máxima de los aerogeneradores en todo tipo de parques, para evitar que la evolución tecnológica deje obsoleta dicha limitación.

Las actuales directrices, aprobadas por el Decreto 42/2008, de 15 de mayo, aún suponen una adecuada planificación territorial que permite armonizar la instalación de parques eólicos con la protección de la biodiversidad y el medio natural, así como con la ordenación y estructura del territorio y con otra serie de parámetros como puedan ser las infraestructuras o la protección de patrimonio cultural.

La revisión no supondrá ni la suspensión de las autorizaciones otorgadas o que se encuentren en tramitación, ni el establecimiento de una moratoria para la admisión a trámite de nuevas solicitudes de instalaciones de parques eólicos.

SEGURIDAD MINERA

Por otra parte el Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto por el que se regula la Comisión Regional de Seguridad Minera del Principado, cuya normativa tiene una antigüedad de 34 años.

Los cambios hacen referencia a la denominación de este órgano de asesoramiento y apoyo, que pasa a llamarse Comisión de Seguridad Minera del Principado, así como a su composición, para que refleje la pluralidad de un sector en el que actualmente conviven actividades de minería metálica como no metálica, producción de áridos o nuevos tipos de carbones de altas prestaciones.