Así lo han señalado ambas formaciones en un comunicado recogido por Europa Press en el que explican el resultado de estos trabajos, en cumplimiento del punto 1.3 del Acuerdo de Gobierno suscrito entre ambos partidos en Castilla y León.

De este modo, culminan los trabajos que comenzaron el pasado 30 de octubre y que han contado con la presencia de los directivos de los entes analizados, con el objetivo de racionalizar y ajustar estos entes para ofrecer unos mejores servicios a la ciudadanía.

Las propuestas están dirigidas a eliminar duplicidades, aumentar la transparencia y optimizar las entidades del sector público. "Cuatro meses de análisis, que dan un empuje a la reestructuración previa del Gobierno autonómico de 2015", han añadido.

Ambos partidos han estudiado las funciones, estructura y presupuesto en un trabajo que defienden que "solo se ha visto ralentizado por la gestión de la pandemia de la COVID-19".

Ambos partidos valoran estas recomendaciones, que proponen acciones de cara a la reducción de estos entes, como una mayor concurrencia en la contratación, la asunción de directrices en el Plan de Medios, la aprobación de cartas de servicios y la selección de personal según los criterios de la Administración General, entre otros.

Entre las propuestas de esta Comisión, se destaca la supresión, siempre que jurídicamente sea posible, mediante la integración de funciones y estructuras de FAFECyL en el Instituto para la Competitividad Empresarial bajo la forma jurídica que se considere más adecuada. En ese segundo órgano se plantean mejoras como la revisión de procesos, del funcionamiento de las unidades territoriales y una mayor coordinación con las consejerías.

Se reformará de manera integral la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, que reduciría su ámbito de actuación a internacionalización y promoción exterior, la gestión de los museos y centros culturales regionales, así como de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad.

En el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), se plantea visualizar los servicios del sector, elaborar un catálogo de buenos ejemplos, incorporar un espacio de sugerencias e impulsar proyectos de innovación y digitalización rurales, entre otras.

Lo mismo se plantea en la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León para evitar duplicidades y que se regularice el régimen de personal y se planifiquen, coordinen, gestionen y ponderen según de eficacia las actividades desarrolladas.

Se propone analizar, para en su caso revisar la forma jurídica del Consejo de la Juventud, al no considerarse que la actual de "ente público de derecho privado" se ajuste a su naturaleza y funciones. Todo ello "asegurando su independencia, autonomía y libertad de acción".

Asimismo, se propone sacar a la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos del sector público de la Comunidad.

RECURSOS DEL SERLA

En cuanto al Servicio de Relaciones Laborales, Serla, se propone mantenerlo, "acompasando la extensión de sus competencias al incremento de la disponibilidad de recursos", algo que apuntan que puede darse "porque el Gobierno de España finalmente atienda el requerimiento de colaboración recibido de las Cortes de Castilla y León y de la Junta de Castilla y León" o bien por "la mejora de la situación económica y laboral, que permita liberar fondos en estos momentos destinados a otras finalidades más perentorias".

Por otro lado, se abre la puerta a plantear a la Fundación, en el marco de la negociación abierta, el cambio en la composición del Patronato, así como en su modelo de financiación. Por último, y dado que la unta de Castilla y León "financia el 100 por ciento del funcionamiento del Serla", en el nombramiento de los mediadores la comisión considera que podría ser aconsejable que participara la parte institucional del Patronato de la Fundación.

Se propone también el mantenimiento de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ASCUCyL), de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCyL), concentrar todos los recursos especializados a la política energética en el Ente Regional de la Energía (EREN) y de la Fundación de Hemoterapia Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL).

Otra propuesta es el refuerzo de las Fundaciones de Acción Social y Tutela y del Centro de Supercomputación de Castilla y León, con una "importante asunción de responsabilidades para este último".

Asimismo, se habla de una reordenación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para evitar duplicidades, asumir actuaciones hidráulicas de las entidades locales y delimitar de forma adecuada sus competencias en biomasa.

Respecto a la Fundación Instituto de Estudios y Ciencias de la Salud de Castilla y León (IESCYL), la comisión paritaria plantea que, una vez se constituya necesariamente la Fundación del IBSAL, que actualmente representa el 70 por ciento de la actividad del IESCYL, habrán de buscarse alternativas para esta que podrían pasar por adscribir la parte de investigación no relacionada con el IBSAL a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, bien porque se fusionen ambas fundaciones, o bien porque se amplíe el ámbito de la investigación que actualmente realiza la IECSCyL.

La aprobación de este documento representa, tanto para el Partido Popular como para Ciudadanos, "un avance en su objetivo de contar con una administración pública ajustada a las necesidades de sus habitantes, moderna, digitalizada y capaz de responder a los retos que afronta la sociedad de Castilla y León", han concluido.