El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por cerca de doscientos catedráticos y profesores de Penal, jueces, magistrados y fiscales, cuestiona varios de los ejes del proyecto de ley de libertad sexual, conocido como la ley del "solo sí es sí", y alerta de los riesgos de regular un consentimiento expreso.

En línea con el borrador de informe que estudia el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto diseñado por el Ministerio de Igualdad, este grupo, nacido para realizar propuestas en política criminal a partir de "presupuestos progresistas", pone en duda que el texto sirva para proteger mejor a la víctima y advierte que puede crear inseguridad jurídica.

Recuerdan estos expertos que en la actual legislación ya queda claro que cualquier acto sexual no consentido es delictivo y alertan de que obligar a que ese consentimiento se manifieste "libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes" puede suponer que se consideren prohibidas situaciones en las que hubo consentimiento real, pero tácito o implícito.

Como han avisado también los ponentes del CGPJ, estos penalistas señalan que se puede provocar una nueva victimización de la mujer agredida, que deberá confirmar en el interrogatorio si existieron o no esos "actos exteriores, concluyentes e inequívocos" y se puede ver forzada a dar detalles de carácter íntimo sobre su comportamiento en el acto sexual o sobre cómo suele prestar el consentimiento.

El grupo cree también que puede lesionarse el derecho a la presunción de inocencia del acusado y rechaza que se unifiquen todos los comportamientos delictivos en el delito de "agresión sexual", con posibles efectos perniciosos para la persona penada y para el diseño de políticas preventivas.

En su opinión, la actual normativa, que distingue entre abuso y agresión sexual, "es más justa" al atribuir una responsabilidad penal ajustada a cada hecho enjuiciado.

Estos expertos asumen que se pueden realizar correcciones y castigar con más dureza conductas en las que, por ejemplo, se droga a la víctima, pero advierten de que el anteproyecto de Igualdad endurece la respuesta penal cuando las penas ya estaban "sobredimensionadas".

Consideran, asimismo, "discutible" que se aplique una agravante automática en las agresiones sexuales cometidas por dos o más personas, sin comprobar si la presencia de esa segunda persona ha sido relevante o ha facilitado la comisión de los hechos.

Por otro lado, piden bajar la edad en la que los menores pueden consentir una relación sexual, situada en los 16 años, reclaman medidas para evitar que la victimización secundaria de las mujeres que denuncian y abogan por intervenciones públicas que acaben con la tolerancia hacia comportamientos sexuales no consentidos y fomenten la emancipación de muchas víctimas del "contexto patriarcal o de dominación" en el que viven.q