"El resto de grupos parlamentarios ha rechazado la solicitud de convocatoria específica de un Pleno para debatir dicho recurso que había planteado VOX", han señalado.

Para VOX, "existen motivos más que sobrados para presentar este recurso por parte de la Comunidad de Aragón, dado que limita de forma indebida y desproporcionada derechos fundamentales de los aragoneses".

Este partido ha afirmado que la Ley Celaá "pretende imponer a los niños una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, especialmente en el artículo 27 de la Constitución, de forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada y diferenciada, la educación especial y la educación en español".

La Ley Celaá "constituye una clara vulneración del derecho fundamental de padres y alumnos a la libertad de elección del modelo educativo y de centro escolar y es una agresión ideologizada contra toda la estructura de la escuela concertada, diferenciada, especial y en español".

Además, "esta ley otorga a la Administración educativa la potestad para la designación del centro educativo y elimina el criterio de demanda social, impidiendo la apertura de centros concertados en lugares donde no haya llegado la educación pública".

También "discrimina e impide el acceso en igualdad a los fondos públicos de los centros que opten por la educación diferenciada", han añadido.

EDUCACIÓN ESPECIAL

Por otra parte, VOX ha considerado que esta ley "lleva a cabo una regulación de los Colegios de Educación Especial que provoca claramente su vaciamiento progresivo porque deja sin recursos especiales a niños cuyas específicas necesidades neurológicas les impiden adaptarse a las aulas comunes. Así lo ha denunciado la práctica totalidad del sector y la abrumadora mayoría de padres, alumnos y familias".

"Se les obliga así al cierre de las aulas de educación especial y se plantea de forma única la educación 'inclusiva', que no es la deseada por muchas de esas familias afectadas".

Finalmente, "la ley vulnera también la norma y jurisprudencia constitucional que establece taxativamente la neutralidad y el principio de aconfesionalidad y no el laicismo excluyente que pretende imponer el Gobierno".

A su vez, la Ley Celaá "hace que el español o castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado", lo que "provoca que la situación ilegal que 'de facto' se da en Cataluña, se extienda al resto de Comunidades de toda España con lenguas cooficiales".