En su intervención, ha resaltado que las consultas a la Dirección General aumentaron un 129 por ciento, con un total de 12.827 atenciones, un 19,25 por ciento relacionadas con la COVID-19. Del total, 8.300 fueron por teléfono, con un aumento del 412 por ciento, que motivaron la presentación de 4.559 expedientes entre reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje.

Los principales sectores de los que procedieron esas reclamaciones de los consumidores fueron las comunicaciones, el turismo, los casos de iDental y Dentix, el transporte, el ocio, los espectáculos y los eventos deportivos, así como el comercio online, donde la DGA ha puesto especial atención para controlar las condiciones de venta, la información sobre los previos y las prácticas abusivas.

En este campo, Martínez ha reconocido que fueron "notorios" los intentos de fraude a los consumidores, los retrasos en las entregas y las pérdidas de la mercancía, así como prácticas comerciales agresivas y desleales.

COMPRA ONLINE

El director general ha expuesto algunos datos de la encuesta realizada sobre los hábitos de consumo desde el estado de alarma, periodo en el que un 13 por ciento de los hogares aragoneses se sumaron a la práctica de la compra online de alimentos y los pedidos de comida a domicilio y un 60 por ciento del total optó por la compra de proximidad, el producto fresco y una dedicación mayor a la cocina.

Frente a las compras en línea, el director general ha reconocido el "gran esfuerzo" realizado por los comercios físicos para adaptarse a las nuevas normas y las restricciones derivadas de la crisis sanitaria y los buenos datos que dejó la campaña de inspección para las rebajas de julio, en la que un 78 por ciento de los 1.100 locales visitados cumplían con la norma de señalizar las indicaciones referidas a la COVID-19 y un 93 por ciento contaban con gel hidroalcohólico a la entrada.

"El pequeño comercio se ha reconvertido para seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes y por su propia supervivencia", ha considerado Martínez.

Una línea de trabajo que ha enmarcado en la Estrategia de Recuperación y a la que desde su negociado pretende contribuir mediante la participación de los consumidores, el estímulo del consumo del producto local, el atajo de las prácticas desleales, la garantía de la calidad y la seguridad de los productos y servicios y de las compras 'online', así como de una adecuada atención a los clientes.

Para ello, Martínez ha recordado el "elenco normativo" dispuesto hasta el momento como la búsqueda de una alternativa al reembolso ante la cancelación de los servicios, la moratoria en el pago de las hipotecas, la garantía en los suministros, la interrupción de los plazos para la devolución de los productos, la prórroga del bono social, la prohibición de la portabilidad de compañía telefónica, así como la regulación de los precios de los servicios funerarios y el límite máximo del precio de las mascarillas y de los geles hidroalcohólicos.

Respecto a los equipos de protección, Martínez ha informado de que el examen realizado por Consumo sobre 74 modelos diferentes de mascarillas concluyó que el 84 por ciento de ellos cumplían los requisitos marcados por Sanidad, lo que motivó también la retirada de 230.000 unidades no aptas.

REFORZAR LOS DERECHOS

La diputada socialista Pilimar Zamora ha subrayado que la crisis "ha supuesto la necesidad de reforzar los derechos de los usuarios" y ha agradecido "el esfuerzo técnico y humano para readaptar los servicios públicos para garantizar la atención a los consumidores que lo han requerido".

Desde el PP, Marián Orós ha preguntado al director general "si los cambios en los hábitos de consumo han venido para quedarse". Además, ha denunciado que el Consejo Aragonés de Consumo "se ha reunido una sola vez en 2020" y ha preguntado por qué.

En representación de Ciudadanos, Loreto Camañes ha instado al director general a "impulsar medidas para que la atención a los consumidores cuente con todos los recursos necesarios" y ha lamentado que "no se hayan convocado las ayudas para mantenimiento y funcionamiento de las oficinas locales".

La diputada de Podemos, Equo Vanesa Carbonell, ha agradecido a los trabajadores "que hayan respondido de manera ágil a todos los ciudadanos" y ha celebrado que se haya instaurado "el teléfono de atención gratuito".

Por parte de CHA, Carmen Martínez ha subrayado que "colectivos de edades avanzadas consideraron que era el momento de entrar en el comercio electrónico porque era más seguro" y, en este sentido, ha preguntado "si ha habido muchas consultas" por parte de estas personas.

El parlamentario de VOX, David Arranz, ha defendido que "hay que incentivar el consumo responsable" desde los centros escolares y ha hecho hincapié en "si se ha agudizado la situación de desamparo por las restricciones de las medidas COVID".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha señalado que "en poco tiempo se han desarrollado el comercio electrónico, las transacciones a través de Internet y el uso de las redes sociales" y ha incidido en que "los sectores de turismo y ocio nocturno se han unido a los sectores que siempre han liderado las reclamaciones".

Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha preguntado "cómo se ha reforzado la asistencia telefónica a los consumidores" y ha lamentado que "el presupuesto de 2021 no tuviera un apartado específico para el comercio electrónico".