Ortiz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, ha valorado la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Agencia Antifraude contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dio la razón al PP y reconoció su derecho a consultar los expedientes abiertos por este organismo sobre las ayudas al valenciano de los socios del empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La diputada ha considerado que "alguien tendrá que decir cómo es posible que la Agencia Antifraude vaya en contra de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana" y que ahora el Supremo ha avalado al inadmitir el recurso "porque entiende desde el primer momento que tiene razón esta diputada y su grupo".

Así, ha apuntado que la Agencia Antifraude tiene ahora mismo cinco solicitudes presentadas por el PP, entre ellas, esta que está relacionada con la investigación de las subvenciones al fomento del valenciano y le ha instado a "entregar la documentación lo antes posible" ya que, en caso contrario, "seguiremos en este proceso tristemente en los tribunales para que haya transparencia en el Gobierno valenciano".

Las restantes tienen que ver, dos de ellas con ayudas de agricultura a estas empresas, otra con la gestión de las residencias durante la pandemia y la quinta con el funcionamiento de la Policía Local en la Comunitat Valenciana, todavía pendiente.

Ortiz ha reprochado que Antifraude "no se puede saltar la Constitución, deben conocerla y saber que ampara derechos fundamentales de los diputados", y ha señalado que han pedido la comparecencia del director de la Agencia, Joan Llinares.

En esta línea, ha recalcado que quieren saber qué es lo que ha hecho Antifraude en el caso de la sanción de Competencia a las empresas vinculadas a Francis Puig por pacto de precios, ya que también se mandó el expediente por este motivo y "curiosamente no vio ningún tipo de situación irregular y lo dejó en stand by". "¿Quién asumirá la responsabilidad?", se ha preguntado la diputada.

Ortiz ha cifrado en 130 los recursos interpuestos por el PP por denegación de documentación por parte del Consell, que se han agrupado en 70 porque "no van uno a uno" y ha subrayado que todos los que se han resuelto ya han sido a favor de los 'populares'.

Por su parte, el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, se ha mostrado "muy respetuoso" con las decisiones de los tribunales de Justicia y ha recordado en la rueda de prensa que la Agencia Antifraude se aprobó en la cámara con entonces el voto en contra de los 'populares', que la llegaron a calificar de "gestapo".

EL PSPV DEFIENDE LA "DISCRECIÓN"

"Es una agencia que ha recibido todo tipo de menciones y reconocimientos internacionales por su labor y su trabajo pasa por la discreción", ha defendido, y ha añadido que si se le considera por los tribunales como un órgano administrativo más y todos los diputados pueden pedir las investigaciones abiertas, "es una manera de reventar" estos casos.

Por tanto, ha lamentado la "imposibilidad de gestión" que esto va a suponer para la Agencia Antifraude que, a su juicio, "pierde su sentido" y lo ha comparado como si la Policía tuviera la obligación de informar o también la Fiscalía o un tribunal sobre diligencias secretas. Así, ha resumido su opinión: "Es un experimento de mucho calado, creo que era muy bueno para luchar contra la corrupción y creo que alguien lo ha reventado".