El orden del día de la sesión constaba de tres puntos, en demanda el primero del cese de Susana Martín en sus cargos de gobierno, una segunda petición en demanda de admitir la revisión de oficio impulsada por el PP respecto a los actos mediante los cuales esta concejal goza de un régimen de dedicación parcial del 75 por ciento y por tanto cuenta con retribución municipal, al objeto de reclamar el reingreso de los emolumentos cobrados; y finalmente elevar todo el asunto a la Fiscalía Especial contra la Anticorrupción y la Criminalidad Organizada, "por si lo hechos fuesen constitutivos de infracción criminal".

El primer punto del orden del día ha sido rechazado al votar a favor los seis ediles del PP, pero oponerse los siete ediles del Gobierno local, es decir los cinco concejales del PSOE, la edil de Adelante y la capitular no adscrita, mientras el segundo punto ha sido aprobado al apoyarlo la concejal de Adelante y el tercer punto ha sido rechazado con un resultado de votos igual al del primero.

LA SITUACIÓN EN VALENCINA

Recordemos una vez más que las elecciones municipales de 2019 arrojaron en Valencina un empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PP y del PSOE, tras lo cual los populares se alzaron con el acta de concejal en liza al caer a su favor la moneda lanzada al aire para resolver la situación, consiguiendo así seis ediles frente a cinco del PSOE.

No obstante, el socialista Antonio Manuel Suárez logró revalidar la Alcaldía frente al candidato popular Ramón Peña, al apoyar a la candidatura del PSOE la edil de Cs y la concejal de Adelante, quienes finalmente conformaron un gobierno de coalición con el PSOE.

La maniobra motivó que Cs expulsase de sus filas a la citada concejal, Susana Martín, al haber apoyado al PSOE y formar gobierno con dicho partido supuestamente sin autorización de la formación naranja, continuando Martín como edil no adscrita y miembro del Gobierno local. En concreto, Martín ostenta la Cuarta Tenencia de Alcaldía y las competencias municipales de Educación, Participación Ciudadana , Transparencia, Convivencia, Ciudadanía y Ordenación del Tráfico.

LA DOCTRINA DEL SUPREMO

Al respecto, el PP señala la sentencia emitida en octubre de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fijando como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, "como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

Merced a dicha doctrina del Supremo, y el informe emitido al respecto por la Secretaría General del Ayuntamiento, los puntos introducidos por el PP en este pleno extraordinario solicitado por dicho partido estaban destinados a pedir el cese de Susana Martín en sus cargos de gobierno, que se admitiese la revisión de oficio impulsada por el PP respecto a los actos mediante los cuales esta concejal goza de un régimen de dedicación parcial del 75 por ciento y por tanto cuenta con retribución municipal, al objeto de reclamar el reingreso de tales emolumentos; y elevar el asunto a la Fiscalía Especial contra la Anticorrupción y la Criminalidad Organizada.

Como ha sido señalado, tan sólo el segundo punto ha sido aprobado, al apoyarlo la concejal de Adelante y miembro del Gobierno local que encabeza el Gobierno local socialista, Trinidad Pascual Zapata, quien ha dicho a Europa Press que ha votado a favor de ello porque un informe previo del secretario general del Ayuntamiento "indicaba que ese punto había que admitirlo a trámite", contando además con el beneplácito de Podemos tras consultar el asunto con el partido.

El alcalde, el socialista Antonio Manuel Suárez, ha expuesto de su lado que el informe previo del secretario municipal señala que "los actos que se revisarán no tuvieron su validez viciada 'ab initio', sino de forma sobrevenida a consecuencia de la sentencia" del Supremo, con lo que la revisión de oficio "no es la vía procedimental correcta, al no estar los actos viciados de nulidad de pleno derecho", extremo que según asegura sostiene la Secretaría General del Consistorio.

El primer edil, así, apuesta por la vía de la declaración de lesividad. "Teniendo en cuenta la infracción sobrevenida del ordenamiento jurídico ocasionada por la nueva interpretación del Supremo y los efectos 'ex nunc' de la misma, "los actos por los que se otorgaron cargos políticos a Susana Martín del Río están viciados de anulabilidad, siendo posible la declaración de lesividad de los mismos conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, para su posterior impugnación ante la vía contencioso administrativa".

EL "CRITERIO" DEL SUPREMO

El popular Ramón Peña, por su parte, ha asegurado a Europa Press que el "criterio" del Tribunal Supremo zanja, de cualquier manera, que los concejales tránsfugas "no pueden integrarse en la junta gobierno" ni percibir retribuciones municipales, considerando además que ha quedado probado que la edil expulsada de Cs "ha mentido".

Según indica, la concejal Susana Martín, en sus alegaciones frente al Ayuntamiento por este asunto y en sus acciones judiciales contra Cs, esgrime que no llegó a constituir el grupo municipal de Cs, "porque olvidó" hacerlo y expiraron los plazos para ello, pero que "nunca quiso dejar el partido", si bien en el pleno de investidura de 2019 justificó la no constitución del grupo porque Cs quiso que cambiase su "postura" de cara a la formación de gobierno, algo que iba en contra de "la mayoría" de la candidatura local de Cs.

Así, Susana Martín avisaba entonces de que Cs, "presionado por otro partido", le reclamaba que cambiase su proceder de cada a la investidura, informando de que había sido objeto de un "expediente" destinado a su "expulsión" de las filas de Cs, extremos todos que esgrimía sobre la determinación de no constituir el grupo de Cs.

"Ha mentido a su partido y a los ciudadanos, alterando y falseando la voluntad popular de cambio y está mintiendo al juez y al alcalde", ha aseverado el portavoz popular respecto a la concejal "tránsfuga", tras lo cual ha defendido que el "criterio" del Supremo hace "nulos de pleno derecho" los actos relacionados con la designación de esta concejal. Así, y tras el resultado del pleno, Ramón Peña ha valorado que se abra un procedimiento para que "devuelva todo lo cobrado".