¿Por qué Cifuentes se libra de la condena que sí impone el tribunal a las otras dos acusadas del caso Máster?

Cristina Cifuentes queda libre y no tendrá que pisar la cárcel. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Madrid, que ha optado por absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el caso Máster por falta de pruebas que concluyesen que la ahora tertuliana indujese a la falsificación del acta de presentación de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), como defendía la Fiscalía, quien pedía tres años y tres meses de cárcel para la acusada.
Cifuentes, tras serle notificada este lunes la sentencia del caso Máster.
Cifuentes, tras serle notificada este lunes la sentencia del caso Máster.

Ni cárcel, ni multa. El precio a pagar por el caso Máster para Cristina Cifuentes fue su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y su renuncia a continuar con su vida política, pero ya está. Más allá de que ese castigo fuera desorbitado o no, lo que está claro es que el tribunal de la Audiencia Provincial ha accedido a la petición de su defensa y la ha absuelto de cualquier responsabilidad penal en el caso Máster, a diferencia de María Teresa Feito, asesora de la Consejería de Educación durante el Gobierno de la expresidenta, y de Cecilia Rosado, funcionaria y directora del máster, que sí han sido condenadas a penas de prisión: tres años para una y un año y medio para la otra.

Todo ello, con la firme oposición de la Fiscalía, que desde un primer momento apuntó a la exdirigente como urdidora de la falsificación del acta de presentación de su Trabajo Fin de Máster (TFM), un documento con el que intentó salvar su cabeza política el 21 de marzo de 2018, cuando eldiario.es publicó la información. Y es que, la fiscal Pilar Santos en todo momento vio motivadas las acciones de Feito, quien presionó para confeccionar el acta, y de Rosado, quien llevó a cabo la falsificación, por las posibles consecuencias que iba a suponer que no salvaran a Cifuentes. Sin embargo, el tribunal ha rechazado de plano esas acusaciones, limitándose a los hechos probados sin dirimir el motivo por el que ambas funcionarias llevaron a cabo labores que, a la postre, van a tener consecuencias penales para ellas (es seguro que Feito entrará en prisión, no tanto que Rosado lo haga) pero no para la política, que ha optado por guardar silencio.

Dijo Santos en una de sus intervenciones que Cifuentes era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación. Sin embargo, el tribunal lo rechaza. "Sobre la participación de Cifuentes no ha resultado probada ninguna intervención de la citada: ni Rosado ni Feito han señalado haber mantenido contacto alguno con ella", así como tampoco los intervinientes en la reunión donde se confeccionó el acta. La sentencia no obvia el interés de Cifuentes "en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster" pero señala aun así que "nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación".

En este sentido, el tribunal se hace eco de las acusaciones de la Fiscalía para, a continuación, desecharlas. La fiscal señaló que Cifuentes "no se manchó las manos" y que las presiones vinieron de su "entorno". El tribunal asegura que "las sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente" porque, dice, "se han de rechazar alusiones genéricas que atribuyen la condición de sujeto activo del delito a un colectivo difuso e indeterminado" como es el "entorno" de la expresidenta.

Según explica el jurista José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el tribunal refleja que "nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión". Así, califica de "indicio" la exhibición del acta falsificada por parte de Cifuentes, pero "no se ha corroborado por otros". "Ni consta la presión inductora, ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito", continúa.

En cambio, sí ha probado el tribunal la responsabilidad en la falsificación del documento público de Feito y de Rosado que, además, colaboró con la justicia y reconoció los hechos. Sobre la que era asesora de Educación de la Comunidad cuando Cifuentes la presidía, los magistrados le achacan un papel "activo" en el delito cometidos. 

Queda probado, dice la sentencia, "no solo por el testimonio del rector, sino por los hechos admitidos por esta, como son que casualmente pasó a saludar al rector alrededor de las 9:30 horas y permaneció unas 4 horas" el día en el que saltó el escándalo. Fue ella, además, quien señaló la fecha exacta de la defensa del TFM. "Su participación queda probada por la actuación relevante tanto en la necesidad de crear el acta a sabiendas de que esta no existía como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado, a quien llamó hasta 15 veces en una tarde", expone la sentencia. 

Sobre la participación de Feito, el jurista consultado por 20Minutos añade que "queda probada por la actuación relevante, tanto en la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que esta no existía, como en la insistente y agobiante presión ejercida sobre Cecilia Rosado durante el 21 de marzo de 2018, lo que resulta no solo de la declaración de ésta, que constituye prueba directa, sino del conjunto de sms y llamadas efectuadas, -hasta 15 en una tarde-, que sin duda tenían como finalidad la creación del documento mendaz".

Cifuentes no fue una alumna "regular" del máster

Otro de los extremos que queda probado en la sentencia es que el máster que cursó la expresidenta "está plagado de irregularidades". Pero esto tampoco tendrá consecuencias penales. En un primer momento, parecía que se iba a juzgar la existencia de una trama creada por el catedrático ahora fallecido Enrique Álvarez Conde para regalar títulos universitarios a políticos. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó abrir una causa contra Pablo Casado, líder del PP, a quien acusaban de haberse beneficiado de la misma. Esto conllevó a que la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, que fue muy dura contra Cifuentes, tuviera que concretar más la investigación, sobreviviendo solo el juicio de la falsificación del acta. 

Por ello, no entra dentro de las competencias de la Audiencia Provincial castigar a Cifuentes o a otros alumnos por su forma de haber cursado el máster. Ni aunque quede probado que Cifuentes "nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, hacía trabajos que entregaba a [Enrique] Álvarez Conde [otro de los acusados ahora fallecido] y entregó el TFM de manera informal".

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