En un comunicado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, insiste en su propuesta formulada durante la última campaña electoral, "una propuesta que sigue un modelo similar al malagueño en lugar del aplicado por Podemos en Madrid, como el que plantea el PSOE". Señala que el PP ya propuso una regulación en 2018, "cuando era aconsejable regular el sector", y lamenta que Espadas "haya perdido casi tres años".

"Pedimos a Espadas que reconsidere y gire hacia un modelo moderno y respetuoso con el derecho a la propiedad", explica el portavoz, que indica que "no se pueden regularizar apartamentos turísticos desde la agresión al derecho a la propiedad que el PP considera irrenunciable para miles de sevillanos".

Además, el Partido Popular propone crear una unidad policial de inspección y control de la convivencia en las viviendas turísticas. "En una ciudad donde no se atiende el 092, es necesario que los propietarios y las comunidades de vecinos sepan que hay una policía que vela por sus intereses, por su seguridad, por su tranquilidad y que interviene cuando se incumple la ley y se generan molestias", asegura.

El Partido Popular recuerda que su propuesta integra la posibilidad de establecer números clausus en zonas saturadas de apartamentos turísticos, es decir, la Declaración de Zonas Saturadas de Apartamentos Turísticos (ZATS). "El turismo nunca puede ser un perjuicio para los ciudadanos sino un beneficio. Los residentes en las zonas turísticas no pueden verse invadidos por problemas de convivencia diarios. Por eso, el Ayuntamiento debe hacer un estudio del número de viviendas vecinales y de apartamentos turísticos que hay en estos barrios y, poner unos números clausus con objeto de que permanezcan sólo los negocios legalmente establecidos", insiste.

El PP explica que en su modelo se establecerían zonas ZATS en determinados barrios turísticos "en los que peligre la esencia del propio barrio y/o cuando en la zona hay peligro de despoblación de ciudadanos autóctonos". En su opinión, con esta medida se consigue "el trasvase de apartamentos ilegales a legales, ya que aquellos apartamentos que se encuentran en situación irregular se querrán regularizar para poder estar dentro de ese cupo antes de que esa posibilidad desaparezca".

En segundo lugar, propone que se persigan de "manera contundente y con agilidad" todos aquellos que sigan en situación irregular y proceder a su cierre "de manera inmediata". "La administración tiene la obligación de acabar con esta práctica que tantos problemas está generando y que no aportan nada a la economía sevillana. Para poder llevar a cabo esta medida, instaremos a la Junta de Andalucía a que revise y reforme el Decreto 28/2016, de viviendas con fines turísticos, que ha quedado obsoleto y necesita actualizarse", señala.

En tercer lugar, se plantea el impulso de una normativa de calidad de servicios de apartamentos de uso turístico que señale Sevilla como "destino de turismo de calidad".