Según han explicado las tres formaciones, en el documento se fundamenta "la inconstitucionalidad de los PGE porque no recogen ni hacen regulación del llamado factor de insularidad previsto en el Real Decreto Ley 4/2019 del Régimen Especial de Baleares".

En el documento se expone que "el Estado no atiende a las circunstancias del hecho insular como exige la Constitución y que cuando el Estado no cumple con el REIB está incumpliendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía", según han explicado. De acuerdo con los tres partidos, este hecho "genera un desequilibrio económico entre las Islas y las diversas partes del territorio español".

Las formaciones han resaltado que las liquidaciones del sistema de financiación autonómica demuestran que Baleares "es la segunda comunidad que más aporta al sistema y es la décima en relación a recursos recibidos". Además, han apuntado que las balanzas fiscales de las Islas publicadas por el mismo Estado acreditan que "Baleares es una gran aportadora de recursos".