También solicitará la coalición de IU y Podemos que la Diputación inste al Gobierno de España a implementar las medidas legislativas necesarias para garantizar "un alquiler estable, seguro y asequible", aumentando el parque público de vivienda en alquiler social, "adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda, incluida la Sareb y las agencias inmobiliarias a las que se haya traspasado inmuebles, a las administraciones públicas competentes".

En la moción de Adelante, consultada por Europa Press, las diputadas Teresa Sánchez y Maribel González instarán al Ejecutivo a que apruebe una ley estatal de vivienda que permite su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales, "que blinde a función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, incluyendo el acceso a los suministros básicos".

En el texto indican que la especulación en el precio de los alquileres "es una realidad" en Europa y, según datos del Banco de España, los alquileres han aumentado un 50 por ciento en los últimos diez años a nivel nacional, "una subida significativa sobre todo en grandes ciudades y en varios enclaves turísticos". Sin embargo, los salarios "no han seguido la misma senda, los sueldos han perdido el 7,8 por ciento de su poder adquisitivo en la última década y la precariedad es la tónica general en el mercado laboral español".

Según datos de Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que viven en alquiler destinan más del 40 por ciento de los ingresos familiares al pago del alquiler, frente al 13,1 por ciento registrado en el promedio de la OCDE, "uno de los índices más altos de toda la Unión Europea, solamente superado por Grecia y Lituania". "Dedicar más del 40 por ciento de la renta familiar al pago de la vivienda es considerado por la UE como un cargo excesivo para la economía de un hogar", sostiene la moción de Adelante.

Igualmente, aluden a que el precio medio de una vivienda privada en enero de 2021, según Idealista, asciende a nueve euros por metro cuadrados mientras que en la provincia es de siete euros por metro: "No debemos olvidar que en la gran mayoría de los casos las familias han de hacer frente a la firma del contrato de tres mensualidades en un solo pago, lo que muestra la dificultad en la accesibilidad a una vivienda en alquiler".

Otro indicador de la "preocupante situación" del precio del alquiler está, según las diputadas provinciales de IU y Podemos, en los datos sobre la inscripción en el registro municipal de viviendas protegidas que ofrece la Junta de Andalucía. Según esta información, Málaga es la segunda provincia con mayor número de solicitudes de vivienda protegida, con 49.011 durante 2020, 21.736 solicitudes más que el año 2019).

En definitiva, "datos muy significativos ante los precios abusivos de compra y alquiler de la vivienda, y de nuevo las dificultades de accesibilidad a una vivienda", de ahí la moción que presentan al pleno de la institución provincial este miércoles próximo.