Anticorrupción considera que tiene competencias para analizar las presuntas vacunaciones irregulares

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares ha considerado este jueves que tiene competencias "suficientes y adecuadas" para analizar los supuestos casos de vacunación irregular que sean denunciados o cuya investigación le encomiende el Parlament balear.
Un sanitario manipula una jeringa con la vacuna de Pfizer / BioNtech contra la Covid-19.
Un sanitario manipula una jeringa con la vacuna de Pfizer / BioNtech contra la Covid-19.
María José López

Desde la Oficina han expuesto que las vacunas constituyen un recurso sanitario financiado con fondos públicos y son distribuidas y administradas bajo responsabilidad de las instituciones públicas. Además de ser, en estos momentos, "un recurso escaso".

Cabe recordar que el Grupo Popular presentó un escrito a la Mesa del Parlament para instar a la Oficina Anticorrupción a iniciar una investigación en relación al cumplimiento del protocolo de vacunación contra la COVID-19 seguido en cuanto a la vacunación de cargos públicos en la comunidad autónoma.

Así, Anticorrupción ha recordado que donde hay recursos públicos y capacidad de decidir sobre su asignación "siempre existe un riesgo de que alguien abuse de esta situación para obtener un beneficio particular".

"Los casos que se han ido conociendo sobre diferentes categorías de servidores públicos y otros colectivos que han recibido la vacuna antes que llegara su turno o que han facilitado hacerlo posible, demuestran que la integridad y la ética son piezas fundamentales en la gestión de los asuntos públicos y que hay que actuar preventivamente", ha asegurado la entidad en un comunicado.

El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, ha explicado que había dudas sobre las competencias de la entidad en este sentido, puesto que se trata de un tema donde hay "una frontera muy tenue" entre lo que son cuestiones éticas o morales y cuestiones administrativas o legales.

De acuerdo con Far, en los casos más graves se podría haber llegado a cometer infracciones disciplinarias de las previstas en la Ley de Transparencia, que consisten en utilizar la posición pública para conseguir ventajas.

Sobre la propuesta del PP, Far ha indicado que habrá que analizar los casos y ha añadido que, si la propuesta del PP es una investigación de todo el proceso, "significa mucha información".

FIJAR "UNAS REGLAS DE JUEGO CLARAS Y TRANSPARENTES"

En este sentido, la Oficina ha expresado que para una gestión preventiva del riesgo de vacunaciones irregulares hay que fijar "unas reglas de juego claras y transparentes" y ha hecho un llamamiento a las autoridades para que, partiendo de la Estrategia de vacunación, "se establezca un segundo nivel de concreción de los protocolos generales que anticipe la realidad con que pueden encontrarse los gestores y ejecutores de los procesos de vacunación".

"Dado que difícilmente se podrá prever una respuesta para todas y cada una de las situaciones e incertidumbres que se presenten, la Oficina considera que es necesario proporcionar referentes de consulta o asesoramiento para casos dudosos o problemáticos", ha señalado.

Finalmente, la entidad ha indicado que "las transgresiones en este excepcional proceso no deben quedar sin una respuesta proporcionada a la gravedad de la infracción previamente prevista en las normas", dado que "de lo contrario, se podría generar una percepción de impunidad que contribuiría a perpetuar el riesgo que se pretende evitar".

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