"Canarias afronta en estos momentos una crisis migratoria y humanitaria en un territorio limitado y Europa y el Estado no pueden mirar para otro lado. Canarias es frontera europea y necesitamos algo más que palabras", detalló en una nota remitida por el Ejecutivo.

El encuentro, según manifestó la consejera, se enmarca en la búsqueda de aliados para hacer entender la situación de crisis humanitaria en la que se encuentra Canarias y, en ese sentido, agradeció la visita del director nacional de una entidad "con el prestigio que tiene Save the Children".

"No se trata de competencias, se trata de buscar soluciones entre todos, Europa, el Estado y el resto de las Comunidades autónomas, porque Canarias no puede afrontar esta situación en solitario", insistió.

De hecho, señaló que el incremento en la tutela de menores ha hecho necesaria la apertura por parte de la Consejería de Derechos Sociales de 27 dispositivos de emergencia para la atención de esos chicos y chicas que se distribuyen por islas de la siguiente manera: 17 en Gran Canaria, 8 en Tenerife y 2 en Fuerteventura.

Por su parte, Andrés Conde,reconoció el enorme esfuerzo que está realizando Canarias en esta materia asegurando que se sitúa a la vanguardia en cuanto a protección de menores.

Conde insistió en la necesidad de acompañar a la comunidad autónoma en esta crisis humanitaria e instó al Estado y al resto de comunidades a asumir esta cuestión de forma conjunta.

PROTOCOLO EN LA LLEGADA DE MENORES

Sobre esta cuestión, Conde insistió en la necesidad de una "atención compartida" ya que, según manifestó, "la frontera sur de España es toda España y no solo los territorios que tienen frontera física".

"Canarias es una de las comunidades autónomas más garantistas en cuanto a lo que se refiere a los derechos de la infancia y ha dado muestras sobradas de ello. Sin embargo, la envergadura del fenómeno migratorio está tensionando el sistema de protección de menores en las islas y eso nos preocupa", aseguró.

El director de Save the Children insistió también en la necesidad de establecer un protocolo de llegada de menores que cuente con perspectiva de infancia para una correcta determinación de la edad y la detección de perfiles vulnerables, especialmente de víctimas de trata.