En un comunicado, Sánchez ha puesto sobre la mesa las "carencias del actual sistema de residencias para personas mayores, unas carencias que se han puesto de manifiesto por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus", coincidiendo con el informe realizado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).

En este sentido, el diputado ha destacado la "denuncia realizada en varias ocasiones por su grupo parlamentario de la falta de inversión pública en los sistemas de dependencia y la exigencia a la Junta de Andalucía de realizar un cambio en el modelo a la par que la necesidad de realizar una auditoria en todas y cada una de las residencias".

Detalla que la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores ha remitido al diputado por Sevilla su informe sobre la situación que atraviesan dichas residencias y ha compartido con la FOAM el "temor" a que se produzca un proceso de "mercantilización" de los servicios sociales a personas mayores, "El informe recoge, y así lo entendemos también desde nuestro grupo parlamentario, que se ha ido evolucionando hacia un nicho de empleo y negocio, con las residencias, mientras se ha ido observando cómo el actual sistema ya no es válido, ya que coincidimos en que habría que tender hacia otros modelos de residencias más humanizadas", señala.

Sánchez agrega que "la tendencia de la atención de los mayores debe pasar de tratar a la persona como un sujeto totalmente pasivo y receptor de los diferentes servicios a considerarla una persona activa en sus posibilidades, que pueda participar en las decisiones sobre el entorno que le rodea".

"Dentro de esta mercantilización, hay que destacar que más del 70 por ciento de las residencias están en manos del sector privado, pero también reciben ayudas de las administraciones públicas. Hablamos de empresas que en su mayoría están en manos de fondos de inversión, y así, el informe destaca algunas como Colisee-Vitalia Home, que operan desde las Islas Jersey, el fondo inglés de inversión Domus Vi o el Fondo de pensiones de Canadá Orpea".

Indica que los estándares de la Organización Mundial de la Salud aconsejan una ratio de cinco plazas de residencia por cada 100 mayores de 65 años, y "en Sevilla la ratio es de 2,6, según el informe, lo que la sitúan en el furgón de cola de la Comunidad y del resto del Estado".

Por ello, coincide con el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, MADPP y con la FOAM en que el gobierno de Andalucía, en coordinación estrecha con las autoridades locales, "debe generar un plan preciso de actuación que involucre a los dispositivos de salud pública, especialmente a los de atención primaria y servicios sociales, para realizar un mapeo de todas las residencias de mayores y hogares".

A este respecto, Sánchez ha recordado la Proposición No de Ley presentada por Adelante Andalucía en la que se urgía al Gobierno andaluz a impulsar un sistema "público, universal y de calidad que termine con las carencias del actual, puestas de manifiesto por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y en la que se demanda transparencia en la gestión de estos servicios que no hubo durante los peores momento de la pandemia, así como dignificar las condiciones de los trabajadores de las residencias".

"La conclusión del informe que nos hacen llegar estas dos organizaciones es clara, la Junta de Andalucía ha escatimado los recursos que se les ha demandado desde diferentes organizaciones de mayores, movimientos pensionistas e incluso desde los grupos políticos de la oposición, por lo que es necesario reforzar la red pública de residencias e impedir que, empresas que se esconden en paraísos fiscales, puedan recibir adjudicaciones públicas", sentencia.