Así, los citados grupos han instado al Gobierno central a prorrogar un año más, de forma inmediata, la suspensión de las reglas fiscales. El objetivo es dotar a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales de suficientes recursos en su lucha contra el impacto social y económico de la COVID-19. También se reclama el estudio de fórmulas que modifiquen en profundidad la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha opinado que la suspensión de las reglas fiscales es "una gran oportunidad" para las entidades locales. "Llevamos más de diez años con todos los remanentes retenidos por una decisión que tomó el PP en su momento".

Así, ha mencionado que "el levantamiento" de las reglas fiscales que realizó el Gobierno central hace que se puedan incorporar en 2021 los remanentes de las entidades locales al presupuesto, una vez realizadas las liquidaciones correspondientes. De esta forma, ha anunciado que la DPZ podrá sumar a sus cuentas unos 60 millones de euros, pero que solo pueden ser utilizados hasta el 31 de diciembre.

"Vemos con preocupación la posibilidad de no poder ejecutar todas las obras que estén programadas y, por eso, hemos presentado esta moción, que busca que los remanentes puedan incorporarse también al presupuesto del año 2022, para que los ayuntamientos puedan gastar y ejecutar las obras con más tiempo".

Ante esta situación, Sánchez Quero propuso a todos los grupos de la DPZ hacer una declaración institucional en la que se solicitase la prórroga de la suspensión de estas reglas fiscales para 2022. Pero no ha podido realizarse, por los votos en contra de VOX y del PP -esta formación ha rechazado la moción al no admitirse sus enmiendas-.

"La suspensión de las reglas fiscales es una gran oportunidad para las entidades locales, por supuesto para Diputación de Zaragoza, pero también para los ayuntamientos. Llevamos más de 10 años con todos los remanentes retenidos y esa decisión nos permite incorporarlos por fin a nuestro presupuesto", ha insistido el presidente de la DPZ.

TEXTO DE LA MOCIÓN

El texto de la moción destaca el "incuestionable" papel que juegan las entidades locales en la gestión de la crisis de la COVID-19, "especialmente los ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano".

"La suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 ha significado para muchos ayuntamientos y diputaciones la recuperación de esa autonomía local tan anhelada y reivindicada, dotándolas de cierta flexibilidad. Pero por desgracia, el marco temporal en el se aplica esta medida no es suficiente".

También se recalca que en las actuales circunstancias "sería una catástrofe que las entidades locales no pudieran concluir determinadas inversiones o no pudieran prestar su apoyo a los sectores económicos que más están sufriendo". "La única vía para no paralizar dichas actuaciones pasa por mantener la suspensión de las reglas fiscales más allá de 2021".

NO INVERTIR AHORROS

El socialista Francisco Compés ha mencionado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha condenado a las entidades locales a no poder invertir sus ahorros e, incluso, pagar intereses por ellos: "Fue una reforma injusta".

"Al margen de la situación actual que vivimos por la pandemia, podemos afirmar que dicha reforma no ha sido útil para el crecimiento económico y para el cumplimiento de las prestaciones anuales de déficit. Es más, ha quedado demostrado que la reducción del déficit ha sido a costa de los ayuntamientos cumplidores", ha lamentado.

La portavoz del PP, Iluminación Ustero, ha recalcado que entienden que son tiempos complicados, por lo que los ayuntamientos están teniendo que hacer frente a multitud de gastos e inversiones. Así, "se antoja más necesario que nunca el debate de la financiación local" y "es más imprescindible dotarles de los recursos necesarios".

En este contexto, ha considerado que la moción presentada es "irrealizable, imposible" porque "la única forma de aplicar una prórroga es cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Ha criticado que el Gobierno central no haya dado ningún paso en la modificación de dicha norma.

INTERESES DE LOS MUNICIPIOS

El diputado de Cs, Conrado Gayán, ha señalado que desde su formación se ponen "de parte de los intereses de los municipios y de la propia Diputación". Ha destacado el esfuerzo extra de los consistorios están realizando durante esta crisis.

Asimismo, ha mostrado su esperanza en que la actividad económica vaya remontando, pero también ha incidido en que el acceso a remanentes "abre una oportunidad" para que las administraciones locales puedan emprender proyectos para ofrecer servicios de calidad.

En representación de En Común-IU, Elena García ha defendido que la administración local es la que se merece "el centro de la atención". "Hemos demostrado que los ayuntamientos, y más aún durante la pandemia, pueden y deben gobernarse con eficacia y responsabilidad".

Ha sostenido que el Gobierno del PP se equivocó al aprobar "una ley injusta" que durante años ha sometido a las administraciones locales a "un estricto control" y sin capacidad para "dar respuestas". Ha agregado que poder utilizar los remanentes ha sido "una alegría" ante la situación de crisis.

La diputada de Podemos, Susana Palomar, ha apuntado que la regla de gasto que promovió el PP es "un sinsentido" que resta "soberanía y capacidad de decisión" a los municipios, "castigando, en muchas ocasiones, la buena gestión y cargando el peso de la crisis sobre las espaldas de los ciudadanos". Por ello, ha incidido en que desde su formación siempre se ha apostado por la derogación de esta regla.

"La crisis provocada por la COVID ha vuelto a poner las cosas difíciles a la ciudadanía. Durante este tiempo, los ayuntamientos han vuelto a demostrar su compromiso con sus vecinos, estando a su lado, aportando recursos y soluciones, mostrando una actitud colaborativa con el resto de administraciones e incluso gestionando competencias que en la mayoría de los casos no eran propias", ha apostillado. También ha dicho que los ayuntamientos están llamados a participar de forma activa en la recuperación de España.