Tal como han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, esta situación le ha sido comunicada a los trabajadores a mediados de enero en una reunión convocada de manera urgente, aunque la empresa les habría trasladado que estaba intentando parar la medida y encontrar una solución a la situación.

En este sentido, además de la veintena de personas mayores que residían en estas instalaciones, también se desarrollaban en el edificio unidades de estancia diurna, que han quedado reducidas ante las medidas impuestas para evitar la propagación de la pandemia originada por la Covid-19, dando con parte de la plantilla de Asisttel en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

De su lado, los trabajadores, con "miedo" ante la situación que se avecina, espera que se pueda hallar una solución o que la empresa puedan encontrar otras instalaciones que cumplan con los requisitos adecuados para continuar con la labor que se desempeña en este centro de Tomares.

En este marco, tal como adelanta la Cadena Ser, a petición de la Fiscalía, el juzgado aplazó a mediados de enero este desalojo con el objetivo de que los residentes pudieran ser realojados ante la deuda demás de 400.000 euros que pesaría sobre este inmueble por el alquiler y por el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).