El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada vivía en un piso de la calle Núñez de Balboa de Gijón junto a su pareja sentimental, sus dos hijos menores y dos perros. La acusada abandonó la vivienda tras el ingreso de su pareja en prisión, dejando en su interior a los dos perros, con flagrante desprecio por su vida y bienestar y haciendo voluntariamente dejación de los mínimos deberes de alimentación y cuidado de los animales.

Esto provocó una situación de sufrimiento y lenta agonía de los perros, hasta la muerte de los mismos. Los dos animales estuvieron encerrados en la vivienda, sin alimentos ni agua, y sin poder salir al exterior, permaneciendo en un medio sucio e insalubre, con aire viciado y rodeados de excrementos, lo que abocó a la muerte en un primer momento de uno de los canes.

El otro, ante su situación desesperada, devoró sus restos, muriendo posteriormente de inanición. El 10 de febrero de 2020, agentes de la Policía Local encontraron en el pasillo de la vivienda el cadáver de uno de los perros y, en el salón, el esqueleto del otro.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de maltrato animal del artículo 337.1 y 3 del Código Penal, en relación con el artículo 74. Y solicita que se condene a la acusada a 18 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales durante 4 años y abono de las costas procesales.