La primera de las acusadas en declarar reiteró en varias ocasiones que "nunca" tuvo nada que ver con prostitución o drogas. Los 3.000 euros que, recordó el fiscal, se encontraron en el registro de su casa, eran procedentes, dijo, de "ayudas" de Cáritas y la Xunta y eran "ahorros" para viajar a su país de procedencia.

Otra de las procesadas reconoció que ejercía la prostitución, siempre en clubes, "nunca en domicilios". Admitió que elaboró una carta de invitación para que una de las víctimas llegara a España para prostituirse, pero rechazó que le hubiera prometido un contrato para trabajar en un local de hostelería.

Según su declaración, la víctima no le daba una cantidad de las ganancias por ejercer la prostitución ni le exigió el pago del coste del billete de avión desde Colombia, de donde llegó y dónde, relató la acusada, tenía la misma ocupación. La mujer añadió que la denuncia por la que se abrió el caso fue consecuencia de una riña entre ambos.

En relación a las drogas, la encausada afirmó que "los jefes siempre tienen drogas" y que en los anuncios en periódicos y redes sociales se hacía referencia a ellas para "atraer" a los clientes, pero negó que ellas las vendiera. A preguntas del fiscal, aseguró ser consumidora de cocaína para justificar los gramos de cocaína que aparecieron en su casa.

Para defender su inocencia y a preguntas de su abogado, la mujer reprochó que la víctima "sigue anunciándose y trabajando" en la prostitución después de haber presentado la denuncia.

PISOS

El escrito de calificación de la Fiscalía acusa a seis personas de estar en la trama delictiva, pero una de ellas, según fuentes judiciales, ha fallecido, por lo que el juicio se celebra contra cinco. Todas están acusadas de obtener beneficios económicos a través del ejercicio de la prostitución por parte de terceras personas, así como de vender droga a los clientes que acudían a los pisos donde organizan los encuentros.

La Fiscalía pide, en total, 29 años de cárcel para los acusados. Para tres de ellos, 21 años y tres meses y para otros dos, ocho años y dos meses. Según recoge el escrito de calificación del Ministerio Público y confirmaron durante la primera sesión del juicio, se trata de un grupo de personas relacionadas entre sí por lazos de amistad y familiares.

Los encausados, según el fiscal, operaban en la zona de Ferrol, trayendo a mujeres desde Colombia. Asimismo, señala que "obtenían cocaína para proceder a su venta a los clientes que acudían a los pisos donde se ejercía la prostitución". La sustancia era facilitada por uno de los acusados.