El dictamen del PP, de 62 páginas, ha sido aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión de tono solemne y tenso, en la que el PSOE e IU han vuelto a criticar el cierre anticipado de la comisión. El grupo socialista ha confirmado que pedirá por ello amparo al Tribunal Constitucional, y ha dado a sus conclusiones el carácter de "provisionales" por provenir de una comisión "inconclusa".

Elementos de juicio

La principal conclusión del dictamen aprobado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona".

También considera que la Comisión de investigación "no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las  informaciones aparecidas en el diario El País y "confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso". Señala que la estructura y funciones de la Dirección General de Seguridad "son las mismas que puso en marcha el Gobierno de Joaquín Leguina a partir de 1985 y que potenció el de Alberto Ruiz-Gallardón, con un proyecto de Seguridad de 2002".

Indica que ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento "ni son documentos de la Consejería, ni tan siquiera se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales", y que "carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de profesionales de la seguridad con décadas de experiencia que así lo han atestiguado". Apunta, además, que "la letra de las anotaciones manuscritas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas".

La oposición

El PSOE, en cambio, recoge en su informe, de 78 folios, que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, es la "máxima responsable política del asunto" y considera "responsable directo" al consejero Granados, por lo que exige su "cese inmediato". A su juicio, El País aporta "pruebas irrefutables" de que la trama o tramas están "vinculadas a la administración autonómica" y "relacionadas con las peleas internas por el control político o económico del PP".

También IU ha concluido que "ha habido espionaje" y que una "actuación de este calado no se circunscribe al ámbito de una Consejería y no puede hacerse sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos que afectan al Gobierno regional".

En su informe, de 62 páginas, argumenta que el espionaje está "localizado en la Consejería de Presidencia e Interior (hoy Presidencia, Justicia e Interior), donde existe personal y estructuras que no responden a ninguna de las competencias asignadas en el Estatuto a la Comunidad en materia de seguridad y desde donde se han efectuado las actuaciones irregulares", por lo que pide la dimisión de Granados.

Los dos grupos de la oposición han incluido en sus informes una serie de recomendaciones, dirigidas a reordenar la estructura de la Consejería y a reformar el Reglamento de la Asamblea en lo que atañe al funcionamiento y composición de las comisiones de investigación. El PSOE recomienda suprimir el cargo de director del Área de Seguridad (que ocupa Sergio Gamón) y siete de los nueve puestos de asesores de seguridad que dependen directamente del consejero.

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