La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha precisado que no está en contra de las demoliciones obligatorias pero pide que se ejecuten de manera "no traumática" y con el acuerdo de los vecinos. Respecto a las indemnizaciones, se teme que serán sus "biznietos" los que puedan cobrarlas, dada la demora del proceso.
El ciudadano que quiera comprar una vivienda en Cantabria no tiene seguridad jurídica
En una entrevista a RNE, Francisco Laín, portavoz de la asociación, señaló también que la sociedad cántabra "no está dando" a este problema la importancia que merece, cuando al final va a ser "la pagana" de las indemnizaciones por los derribos, que se
realizarán con el dinero "de todos los cántabros".
También afirmó que "hoy por hoy" un ciudadano que quiera comprar una vivienda en Cantabria "
no tiene seguridad jurídica" de que ese bien es "absolutamente legal", ni de que al cabo del tiempo se pueda producir una denuncia que lleve a su demolición.
Pagar los "daños morales"
Laín, que cifró los afectados en la región en unas mil viviendas y 4.000 personas, señaló que aunque las sentencias han declarado culpables a las administraciones de esta situación y las condenan a
pagar a las víctimas por "daños morales", al no haberse producido aún el "derribo físico", las indemnizaciones no pueden reclamarse.
Pero AMA defiende que, en los casos en los que no sea posible legalizar las viviendas, se les dé una similar en otro sitio o se les indemnice a precio de mercado, todo ello "previo" a la demolición, porque "la única fuerza, el único
argumento real que tenemos es la vivienda, en el momento que no la tengamos estamos absolutamente desamparados", subrayó su portavoz.
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