El alcalde ya anunció tal extremo durante el reciente debate de la moción del PP en demanda de su dimisión y la de la concejal de Educación y Obras Públicas, Carmen Garfia, también del PSOE, después de que el Juzgado de lo Penal número ocho fijase para el 14 de junio un juicio en su contra, por un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y del arquitecto del propio Ayuntamiento.

Molina avisaba de que la parte expositiva de la moción del PP, finalmente rechazada, incluía "injurias y acusaciones infundadas" hacia él y la edil de Obras Públicas, al atribuirles "corrupción política y tráfico de influencias", cuando ambos están acusados de "prevaricación administrativa", no por los aspectos ya citados y aludidos por los populares. Por eso, reclamaba al PP que retirase tales acusaciones, porque en caso contrario afrontaría "una querella por supuestos delitos de injurias y calumnias".