Las nuevas autoridades de Birmania hacen caso omiso de la condena del golpe de estado de casi toda la comunidad internacional y han presentado este miércoles cargos contra la antigua líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, y el presidente birmano, Win Myint, detenidos el lunes tras el golpe de Estado en el país asiático.
El portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), Kyi Toe, ha señalado a través de su cuenta en la red social Facebook que Suu Kyi ha sido imputada por supuestamente violar la Ley de Importaciones y Exportaciones y la posesión de aparatos de comunicación "ilegales".
Por su parte, el mandatario ha sido imputado por presuntamente violar la prohibición de participar en reuniones durante un acto de campaña, en el marco de las restricciones impuestas por las autoridades por la pandemia de coronavirus.
Documentos policiales recogidos por la cadena de televisión británica BBC reflejan que tanto Suu Kyi como Myint permanecerán detenidos durante otros catorce días, sin que por el momento los militares hayan dado detalles del lugar en el que se encuentran retenidos.
Estos documentos recogen que Suu Kyi es mantenida bajo custodia "para interrogar a testigos, recabar pruebas y buscar asesoría legal tras interrogar a la acusada".
El anuncio sobre las imputaciones ha tenido lugar después de que el Ejército anunciara la creación de un organismo ejecutivo que estará en pie durante el estado de emergencia decretado tras el golpe de Estado militar dado el lunes poco antes de que se conformara el Parlamento surgido de las urnas.
El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado supuestas irregularidades.
Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades.
El Ejército, que cuenta con el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento, según la Constitución, elevó el tono y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada.
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