Diez comunidades autónomas recurren ya a la sanidad privada para derivar pacientes ante el colapso de los centros públicos por el aumento de casos covid en esta tercera ola de la pandemia.

Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cataluña, Galicia y Extremadura han optado por enviar a pacientes de coronavirus a hospitales privados mientras Euskadi, Castilla y León y Aragón remiten a lo privado pacientes no infectados.

Frente a esta opción, otras comunidades no contemplan recurrir a la sanidad privada para rebajar la presión en la red de hospitales públicos. Es el caso de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja. Andalucía se muestra proclive al acuerdo de cooperación público-privado pero aún no se ha sumado al proceso y Baleares espera firmar un convenio en ese sentido en los próximos días, según los datos recabados en las comunidades autónomas.

Colaboración público privada

En la Comunidad de Madrid, cuarenta clínicas y hospitales privados vuelven a estar al servicio de la sanidad pública como ya ocurrió al inicio de la pandemia.

Para ello, la consejería de Sanidad ha firmado una orden por la que quedan a disposición determinados establecimientos sanitarios privados y su personal para hacer frente a la pandemia hasta el 28 de febrero, un plazo que podrá prorrogarse. La comunidad ha fijado precios. En el caso de los pacientes con coronavirus que sean derivados, el coste será de 734,25 euros por enfermo y día en planta y de 2.084,89 en el caso de ocupar una cama UCI.

La Comunidad Valenciana cuenta con una resolución por la que se ponen a disposición del Sistema Valenciano de Salud los medios, recursos, centros y establecimientos sanitarios privados, y mutuas de accidentes de trabajo.

Los precios que se cobran se han determinado con arreglo a lo establecido en la ley de tasas de la Generalitat. Son 310,17 euros por paciente y día por una estancia no quirúrgica; y de 341 con intervención quirúrgica. Una estancia en aislamiento son 581,58 euros por paciente y día; y en la UCI, de 1.365,29 euros.

El coste se dispara con el uso de las UCI

La Región de Murcia ha derivado a lo largo del mes de enero a 104 pacientes covid a centros concertados, en virtud del concierto que tiene establecido el Servicio Murciano de Salud con estos hospitales. El precio fijado por estancia y día es de 154,34 euros.

El Gobierno foral de Navarra ha pactado con los centros privados "tarifas planas" de 4.908 euros por paciente en cama de planta y de 40.978 euros en cama de UCI, y en el caso de centros sin UCI de entre 519 euros diarios para los primeros diez días y de 209 a partir del día 22, con 232,94 euros al día si la estancia es con rehabilitación.

En Cataluña, el ingreso de un paciente covid en un hospital concertado, privado o en una mutua de accidentes de trabajo, durante más de 72 horas, con alta o fallecimiento, cuesta a la sanidad pública catalana 6.050 euros, sin estancia en la UCI, 1.050 euros más que la compensación establecida en abril de 2020.

En Extremadura, la Junta está derivando pacientes a un solo centro privado, el hospital Clínica Ribera Santa Justa, en Villanueva de la Serena (Badajoz). La retribución por esta actividad oscila entre los 2.500 y los 5.000 euros para estancias de hospitalización, en función del tiempo, mientras que la asistencia y estancia en UCI asciende a 43.400 euros.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) mantiene con la Asociación de Hospitales Privados (Ahosgal) las tarifas habituales de conciertos. No hay específicas para los pacientes covid. La media es de 102 euros para la hospitalización en planta y de 304,5 euros en UCI.

Pacientes sin covid

El País Vasco ha optado por un plan de contingencia que contempla derivar a centros privados a pacientes no infectados por covid para atender en la red pública a personas que sí lo tienen. A pesar del alza de casos, el Departamento vasco de Salud no ha tenido que recurrir a estas derivaciones, de cuyo coste no se ha informado.

Tampoco Aragón contempla hacer uso de la sanidad privada para atender casos de coronavirus aunque sí se ha recurrido a ella para otro tipo de intervenciones programadas.

Castilla y León mantiene una actividad quirúrgica del 32,14% y 54 quirófanos, que se eleva al 38,09% con 10 quirófanos de la privada.

Otras comunidades, como Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias o La Rioja, no barajan echar mano de la sanidad privada y resuelven la situación con su red pública y con hospitales "satélite" o "de campaña".