La futura ley LGTBI pretende dar "un salto cualitativo" en el camino hacia la justicia social de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, "consolidando los importantes avances que se han producido en los últimos años en la mejora de su concepción social y anteponiendo la cultura del respeto y la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio". Así se recoge en la exposición de motivos del borrador que maneja la cartera que encabeza Irene Montero, donde también se apunta que "una vez alcanzada la igualdad formal, ha llegado la hora de alcanzar la igualdad real y efectiva" de estas personas.

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Para lograr esos objetivos, el texto desarrolla derechos, incorpora obligaciones y deberes de los poderes públicos y determina medidas antidiscriminatorias en todos los ámbitos, desde el administrativo y laboral al cultural y deportivo. Todo ello regulado con una tabla de infracciones y sanciones administrativas para castigar su incumplimiento. Las cantidades pueden llegar a los 150.000 euros en los casos que sean considerados muy graves, un grupo en el que se incluyen las terapias de conversión, el uso de material didáctico homófobo o la exclusión laboral.

El Ministerio de Igualdad prevé llevar el documento para su aprobación como anteproyecto de ley al Consejo de Ministros del próximo martes, junto con el borrador de la ley trans. Estas son las principales claves de una norma que puede sufrir modificaciones durante los meses que dure su tramitación y hasta que sea aprobada en el Parlamento. 

Multas

El borrador califica las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales como leves, graves y muy graves. En el primer grupo se engloban el uso de expresiones vejatorias tanto en la prestación de servicios públicos o privados, el no facilitar las investigaciones que lleven a cabo los departamentos de inspección sobre lo legislado, o el ataque contra bienes o inmuebles de personas LGTBI. En estos casos las multas podrán oscilar entre los 200 y los 2.000 euros.

Dentro del segundo bloque se contemplan la no retirada de las expresiones vejatorias que hayan sido difundidas a través de internet; la obstrucción de la investigación o la negativa absoluta a colaborar con los servicios de inspección; la implantación, impulso o la tolerancia de prácticas laborales discriminatorias en empresas que reciban ayudas públicas; la denegación por parte de un profesional o de un empresario de prestaciones a las que se tenga derecho, y la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos. Todo ello podrá ser sancionado con entre 2.001 y 10.000 euros y en algunos supuestos se podrán llegar a interponer "sanciones accesorias".

A esas "sanciones accesorias" también se podrá recurrir en el caso de las infracciones muy graves, que se multarán con hasta 150.000 euros. En ese apartado se sitúan cuestiones como la realización, difusión o promoción de acciones destinadas a modificar la orientación sexual de una persona, con independencia de su consentimiento o el de sus representantes legales, y la elaboración, utilización o difusión en los centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en función de cualquier característica relativa a la sexualidad o el género. También está tipificado en esta categoría el establecimiento de condiciones laborales y de criterios para el acceso o permanencia en un empleo que discriminen a este colectivo.

El grupo lo completan, siempre que no constituyan delito penal, el acoso discriminatorio; cualquier represalia o trato adverso como consecuencia de haber presentado una queja o denuncia por trato desigual; la negativa a atender a víctimas de discriminación por parte de aquellos que tienen obligación de hacerlo; la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que inciten a la discriminación, y negar el acceso de estas personas a bienes y servicios públicos, como la vivienda.

Personas intersex

La nueva ley recogerá la situación de las personas intersexuales, a quienes, según fuentes de Igualdad, las administraciones les han venido dando la espalda. "Va siendo hora de que se reconozca su existencia y se les aporten las seguridades y los derechos que reclaman", apuntan. El borrador establece que son aquellas personas que nacen con características biológicas, anatómicas o fisiológicas, órganos reproductivos o un patrón cromosómico "que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos". 

Las mismas fuentes señalan que para la redacción de los artículos referidos a esta cuestión se ha contado con las organizaciones que representan a estas personas. Esas asociaciones les han transmitido que "la presión que les supone a los padres tener que marcar con un sexo a sus bebés en un plazo muy breve -que no puede superar el mes- les lleva a autorizar intervenciones quirúrgicas que no saben si son beneficiosas o causan daños irreparables". Por ello la idea es prohibir aquellas cirugías que no sean "imprescindibles" desde el punto de vista médico y ofrecer a esas familias la posibilidad de dejar en blanco por un máximo de un año la mención del sexo en el Registro Civil.

Desde el ministerio apuntan que fueron las propias entidades quienes pidieron que existiera un plazo límite ya que dejar esa cuestión sin asignar sine die les podría perjudicar. Los responsables del borrador han considerado que un año es un periodo "razonable" en el que se pueden hacer pruebas que vayan más allá de la visualización de los genitales. 

Filiación

Se reconoce el derecho de filiación de los bebés nacidos en el seno de parejas formadas por mujeres, a quienes hasta ahora se les exige que estén casadas. Actualmente, la Ley de Reproducción Humana Asistida establece en su artículo 7.3 que las lesbianas tienen la obligación de contraer matrimonio para que ambas puedan constar legalmente como madres.

Violencia intragénero

La propuesta de Igualdad contempla la atención integral y especializada a las víctimas de delitos de odio por "LGTBIfobia" y también a quienes sufran violencia intragénero, no reconocida como violencia de género. Esa asistencia pasará por atención psicológica y orientación jurídica y por ayudarlas en sus necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales. 

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibirán una formación específica obligatoria sobre diversidad sexual y de género, violencia intragénero y delitos de odio.

Creación de diversos órganos

Se creará un Comisionado LGTBI, autoridad independiente que se encargará de prestar asistencia y orientación a las víctimas de discriminación, iniciar investigaciones sobre posibles situaciones de ese tipo, ejercer acciones judiciales colectivas en defensa de los derechos contemplados en la ley o elaborar estudios. De este comisionado dependerá el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, órgano de colaboración ciudadana.

También se impulsará una Conferencia Sectorial de Igualdad LGTBI, lugar de encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y se pondrá en marcha un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI para albergar los fondos documentales relacionados con el movimiento.