En un comunicado, estos tres grupos acusan a la regidora de haberse saltado el protocolo de vacunación y de haber "mentido a la ciudadanía desde el principio" respecto a lo ocurrido.

La oposición sostiene que desde el equipo de gobierno "se negaron a responder en el pleno" del pasado jueves, donde se les pidió aclarar si se habían vacunado, y aseguran que la regidora incluso desmintió a un medio al respecto.

Sin embargo, más tarde "ha admitido haberse vacunado, además de hacerse numerosas pruebas PCR, tanto el alcalde como la regidora, a cargo de la tesorería pública".

Podemos, Alternativa y Junts Avançam han considerado "excusas" las explicaciones ofrecidas durante la rueda de prensa y entienden "innegable" que se han vulnerado los protocolos de vacunación, "en un hecho que constituye un auténtico abuso de poder".

Estos partidos consideran que estos hechos deberían haber llevado a la "dimisión inmediata" de la regidora, o en su defecto, a una "destitución fulminante" por parte del alcalde.

En este sentido, lamentan que el alcalde "ha encubierto a su regidora, y lejos de hacer autocrítica" ha "justificado su gestión". La oposición cree que esto le "invalida para continuar ejerciendo de alcalde de Pollença".

Igualmente, la oposición rechaza que la regidora se haya acogido con los criterios sanitarios vigentes. "Ella no es residente, ni personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a mayores dependientes, no es personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tampoco es una persona que trabaje en el centro", han argumentado.

Igualmente, la oposición exige que el alcalde y la regidora paguen "de sus bolsillos los 4.000 euros que habrían costado de forma aproximada las PCRs que se han ido haciendo desde mayo y de forma quincenal".