Desde el inicio de la pandemia se ha repetido una tónica entre la clase política y su comunicación con los ciudadanos. Y es que, cada vez que se establecen nuevas normas de restricción para frenar los contagios, quedan algunas dudas pendientes sobre cómo actuar en casos determinados. Así sucede en el condado de Treviño, donde su alcalde sigue las indicaciones del Gobierno Vasco, a pesar de que administrativamente pertenece a Castilla y León. 

El enclave de Treviño está compuesto por dos municipios, el condado de Treviño y La Puebla de Arganzón. Está situado entre Vitoria y Miranda de Ebro, y cuenta con un total de 1.929 habitantes. Los alcaldes que gobiernan en la región son del PNV y de EH Bildu, un indicador de que hay un sector de su población que quiere anexionarse a Euskadi, la Comunidad Autónoma que les rodea.

La polémica ha surgido a raíz de la inclusión por parte de la Junta de Castilla y León de uno de los municipios en el listado de restricciones. En él se indica que la hostelería y el comercio deben cerrar a las 18.00 horas, debido a la alta incidencia de la Covid-19. Desde Treviño argumentan que en el primer y en el segundo estado de alarma, el Congreso acordó incluir una disposición para que los enclaves 'escalaran' y 'desescalaran' con la provincia que los rodea, aunque sean de otra comunidad autónoma.

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La diferencia en la normativa de ambas comunidades es clara. Mientras que Castilla y León establece el toque de queda a las 20:00 horas, Euskadi lo hace a las 22:00. Respecto a la hostelería, Fernández Mañueco ha establecido su cierre a las 18:00, mientras que Iñigo Urkullu la ha cerrado en aquellos lugares con la incidencia más alta y permite abrir hasta las 21:00 horas en los que tienen este índice más controlado. 

Respuesta contundente de la Junta de Castilla y León

El alcalde del condado de Treviño, Enrique Barbadillo, se mantiene firme en su posición de seguir las normas vascas y ha pedido incluso al Departamento de Salud de Euskadi que incluya a los dos municipios en el sistema automático de restricciones que cada lunes y jueves regula la apertura de la hostelería y las limitaciones en el deporte escolar y federado.

La respuesta del gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos no se ha hecho esperar. "La Junta ha indicado al regidor que los ciudadanos de Castilla y León están sujetos a las medidas del ámbito de la Salud Pública que acuerde la Junta de Castilla y León de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuya aplicación está en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas. Por esta razón son plenamente aplicables en todo el territorio de Castilla y León, incluidos sus enclaves territoriales, todas las medidas sanitarias", relatan en una carta enviada al alcalde. 

Además, desde la Junta insisten en que "el Ayuntamiento no tiene competencia para decidir o interpretar qué normativa autonómica o estatal se aplica en su territorio, pudiendo esto provocar confusión en los vecinos de la localidad". La situación epidemiológica en el Condado es grave, proporcionalmente, cuenta con 1.760 casos por cada 100.000 habitantes en siete días y de más de 3.000 en 14. Todo provocado por un brote en la residencia Sagrada Familia de Cucho, con más de 30 positivos. 

Dos comunidades muy afectadas por la Covid

Tanto Castilla y León como Euskadi cuentan con una transmisión comunitaria del virus preocupante. En el caso de la primera, el lunes 1 de febrero registró su récord de fallecidos desde el mes de abril, con 48 decesos en solo 24 horas. Por la parte positiva, los nuevos casos confirmados cayeron de forma significativa, por primera vez desde principios de enero, quedándose por debajo de los 1.000.

Por otro lado, en el País Vasco se registraron el lunes primero de mes 952 nuevos casos, lo que suponen 97 más que día anterior. Además, hay 160 pacientes en la UCI y se está a punto de superar los 800 ingresados totales, un dato que preocupa especialmente en la Consejería de Salud vasca.