La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, Lola Romero, ha insistido en que el Gobierno local del socialista Francisco Molina, del que forma parte Cs, acumula 56 reparos de la Intervención municipal respecto a facturas por valor de más de dos millones de euros, unas facturas que los populares consideran "bajo sospecha".

"El PSOE ha convertido al levantamiento de reparos como su nueva estrategia de gestión al margen de la Ley. Así, después de que el interventor municipal reparara cada una de las facturas que le presentaba el Gobierno municipal, el concejal de Hacienda y secretario de organización del PSOE de Bormujos, -Rafael Díaz- se dedicaba a levantar esos reparos poniendo bajo sospecha el pago de 2.369.241 de euros, suma total de facturas entre 2019 y 2020".

"Bajo esta técnica se han producido los principales escándalos de gestión de este gobierno municipal: el pago de 70.000 euros al exdirector de Mercasevilla Juan Carlos Recio sin contar con contrato, o el pago de 537.418,98 por el servicio de limpieza de los colegios municipales sin soporte contractual" al haber expirado en 2018 el contrato adjudicado en 2016 a Clece para dicha labor, ha enfatizado.

EL CONTRATO DE ASESORAMIENTO

"A estos hechos se le suma la concesión de un contrato para el asesoramiento de protocolo Covid en los colegios a la empresa de eventos Evartisto", ha agregado Romero, toda vez que el socialista Rafael Díaz defendía en el pleno que el Gobierno local del PSOE y Cs no tiene "nada que ocultar" ante las "mentiras del PP". "Todos los procedimientos" objeto de los mencionados reparos, según aseguraba, fueron realizados "a rajatabla".

La portavoz del PP ha recriminado una vez más al alcalde el juicio que afronta por un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y del arquitecto del propio Ayuntamiento, avisando de que la Fiscalía le reclama 12 años de inhabilitación por tales hechos.

"Está claro que no se trata de una mera irregularidad administrativa, como se empeña el alcalde en asegurar para tapar su difícil situación judicial y política", ha señalado la edil popular respecto a los argumentos esgrimidos por el primer edil.

QUE HABLE EL ALCALDE

Si bien el objetivo de la comisión cuya creación fue acordada por unanimidad apunta a los expedientes de resolución de discrepancias en materia de contratación administrativa, tramitados por la Intervención Municipal, la portavoz del PP reclama que el alcalde ofrezca explicaciones en dicho foro sobre la citada causa judicial.

"Si el fiscal reclama 12 años (de inhabilitación) por un solo caso (relacionado con un delito tipificado como tal), ¿qué condena podría llegar a reclamar si se confirman las irregularidades en el levantamiento de los más de 50 reparos que se investigarán en la comisión informativa?", pregunta retóricamente la portavoz del PP.