La organización se constituía por una red de empresas bajo la coordinación de un bufete de abogados que se anunciaba como especialista en conseguir permisos de residencia para extranjeros que se encontraran en España. La captación de clientes se realizaba a través de varios medios de difusión y a través de anuncios insertados en portales de empleo, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El líder de la organización divulgaba ofertas de empleo para un perfil específico de origen extranjero, preferiblemente de América del Sur o China, contratados con el único fin de captar inmigrantes en situación irregular. Una vez formaban parte de la empresa, estos cobraban grandes sumas de dinero a los clientes y se beneficiaban de la mitad de los ingresos.

El bufete de abogados gestionaba su actividad delictiva con la engañosa apariencia legal de los servicios propios de sus funciones, realizaban contratos de trabajo y llevando a cabo el concierto de parejas de hecho, la gestión de empadronamientos por cantidades de entre 150 y 300 euros u otro tipo de trámite con la intención de obtener documentación en el territorio nacional.

Durante la investigación, el bufete participó en la actuación delictiva concerniente a los 18 contratos ficticios realizados hasta el momento por parte de sus empresas.

La investigación se ha desarrollado en dos fases. La primera ha culminado con siete detenidos, cinco en la provincia de Valencia y dos en Alicante, por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, hubo un investigado no detenido por estas mismas tipologías.

Además, los agentes han realizado tres entradas y registros, dos en la provincia de Valencia y uno en la de Alicante, y han intervenido 2.000 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y material informático.

La segunda fase ha concluido con ocho detenidos, cinco en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante, por delito de fraude a prestaciones de la Seguridad Social. Los detenidos son ciudadanos extranjeros en situación irregular que estaban directamente relacionados con la organización criminal y que pretendían regularizar su estado con la obtención de documentación que les permitiera trabajar, para lo que pagaban una elevada contraprestación a la organización, con pleno conocimiento de su ilegalidad. A consecuencia de su actividad, defraudaban al sistema de la Seguridad Social.