Según el consistorio, abrir esa aula implicaría contratar más personal y la ley de contratos les impide contar con nadie. Explican que necesitarían la autorización del Principado o instancias superiores, que no tienen.
"Entendiendo la situación de los padres solicitantes, no nos es posible dar solución a su demanda mientras desde instancias superiores no se dé una respuesta favorable, bien a flexibilizar la ley de contratos con el fin de adaptarlos a las necesidades reales, bien asumiendo directamente la Consejería la contratación del personal, como hace con las escuelas a partir de los tres años", han explicado.
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