Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron en el tiempo transcurrido desde el verano de 2015 hasta junio de 2016, cuando los acusados, M.B.A. y M.A., de nacionalidad marroquí, aprovechando que las menores vivían en la misma casa, las sometieron de manera continuada a múltiples maltratos físicos y psicológicos, así como a abusos sexuales por parte del acusado.

En uno de los episodios de maltrato, la madre de las víctimas golpeó a una de los menores con la pata de la cama, hasta presionarla contra las literas, momento en el que el acusado, estrangulándola con el cable de un cargador, comenzó a golpearla con el cable de la tele o el cinturón, un comportamiento que se repetía también con las otras hermanas.

Además, según la Fiscalía, los acusados les prohibían salir a la calle, juntarse con sus amigas, vestir como ellas querían e incluso asistir al instituto.

Al maltrato físico y psicológico se suman los abusos sexuales cometidos, según la acusación, por M.A. a las menores, a las que les realizaba tocamientos en diversas partes del cuerpo mientras dormían, besándolas y abrazándolas.

Abusos a los que la madre, a pesar de tener conocimiento de ellos ya que una de las víctimas se lo había comunicado en numerosas ocasiones, restó importancia e ignoró.

Unos hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito de maltrato habitual, por el que piden 3 años de prisión para cada uno de los acusados, además de la prohibición durante 4 años de acercarse a las menores a menos de un radio de 500 metros, así como la inhabilitación por 5 años para la tenencia y porte de armas.

Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita 15 años de prisión, 5 por cada uno de los tres delitos sexuales cometidos, a M.A., como autor de los hechos, y a M.B.A., por cómplice.

También se pide la privación de la patria potestad para la madre, la pena de inhabilitación especial durante 9 años para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve un contacto regular con menores para ambos, así como la medida de libertad vigilada por 8 años, que se ejecutaría tras la pena privativa de libertad.