El ‘caso Máster’ ha quedado casi visto para sentencia este viernes. El juicio, que se ha celebrado en cuatro sesiones, tendrá una quinta el próximo viernes. En ella, se explicarán las conclusiones de las partes, que no han variado: Cifuentes sigue pidiendo su absolución y la Fiscalía, tres años y tres meses de cárcel para ella. A continuación, las claves.

La pena que solicita la Fiscalía

Tres años y tres meses de cárcel. Esa era la pena que la Fiscalía solicitaba para Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por el 'caso Máster' y que, una vez finalizadas las partes testifical y pericial, sigue pidiendo. La fiscal mantiene que hay "prueba de cargo" contra la expresidenta y, también, contra Maria Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación cuando se destapó el escándalo. Para Cecilia Rosado, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e imputada en el caso, ha modificado la pena de 21 meses de cárcel.

La Fiscalía mantiene su pena para Cifuentes por el 'caso Máster': tres años y tres meses de prisión

¿Cómo justifica su petición?

Así, está previsto que antes del alegato final de la expresidenta y de las otras acusadas, la fiscal justifique su petición con su informe, en el que pretenderá demostrar, como ha sostenido durante todo el juicio, que Cifuentes fue la "inductora de la falsificación" del acta del TFM que, como ella misma confesó, nunca presentó. "Fue un acto muy informal, no defendí el trabajo, lo entregué y expliqué las líneas generales a unas personas que no sé si eran el tribunal evaluador. Esto no ocurrió en un aula y no duró demasiado”, explicó entonces Cifuentes. El trabajo final, como los otros, no ha aparecido.

También podrá esgrimir la fiscal la presión ejercida por la Comunidad de Madrid. Aquí gana protagonismo la otra acusada, María Teresa Feito. Asesora de la Consejería de Educación en la época de Cifuentes, cruzó varias llamadas con el rector de la URJC, Javier Ramos, el día que 'eldiario.es' destapó el 'caso Máster'. El propio Ramos, testigo en la causa, reconoció la existencia de las comunicaciones. Además, Rosado, imputada, también narró cómo la presionó Feito. “En las llamadas que me hace Feito por la mañana, lo primero que me dice es que el TFM tiene que aparecer. Después cambia y me dice: ‘Hay que hacer el trabajo’.”, dijo.

¿Cuándo quedará el juicio visto para sentencia?

El próximo viernes 5 de febrero las partes presentarán sus conclusiones. En un principio, hoy era la fecha fijada para que finalizase el juicio, pero no ha dado tiempo.

La defensa de Cifuentes pide su absolución

La defensa de Cifuentes, en cambio, pedirá su absolución absoluta. Lo hará pese a renunciar a una prueba que presentó en la primera sesión del juicio por sorpresa: el pendrive de la agenda de Cifuentes que probaría que tuvo una cita el 2 de julio de 2012 para defender el TFM que, como reconoció ella, no presentó. La renuncia se ha conocido esta mañana y se debe a que el juez ha permitido a todas las partes acceder a la prueba completa. El motivo, que Cifuentes ha alegado que contenía "archivos personales".

En su exposición, Cifuentes defendió su postura: ni presionó ni falsificó. "Es una documentación que me manda la universidad, actué de buena fe dando por bueno un documento que me mandó el rector", explicó sobre el acta. “Pedí una copia de la matrícula y una certificación académica donde constaran las asignaturas, no pedí el acta del TFM”, llegó a decir.

La funcionaria que cambió las notas de Cifuentes asegura que tenía autorización de la universidad

La importancia del testimonio de Rosado

Cecilia Rosado, profesora de la URJC, decidió colaborar con la investigación desde el primer momento. Por ello la Fiscalía rebajó la petición de cárcel a 21 meses. Y es que, su testimonio es clave. En el juicio, admitió que falsificó el acta con el que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes quiso demostrar obtuvo el máster que provocó su caída sin ninguna irregularidad. Rosado relató, además, las presiones que sufrió por parte de Feito: "Yo sentí que me iban a hacer la vida imposible". La exasesora, entre llamadas y mensajes, sumó con Rosado 20 interacciones el 21 de marzo de 2018, cuando saltó el caso. Feito negó que la presionase.

También apuntó presiones Rosado por parte de Enrique Álvarez Conde, director del Instituto Público de Derecho que otorgaba el máster y que también estuvo imputado en el caso hasta la fecha de su fallecimiento. En total, llamó a la profesora hasta en 24 ocasiones y le envió 15 mensajes de texto en los que le decía "esto hay que arreglarlo, no se puede quedar así". A Conde, le han dibujado como el cabecilla de la trama, ya que Cifuentes no parece la única que se benefició de su forma de actuar. Hasta tres estudiantes han asegurado en el juicio que tampoco defendieron el TFM. Tampoco defendió, porque no presentó su trabajo, fue Robero Enrique Medina, profesor de la URJC que obtuvo el máster solo tras pagar la tasa.

Sobre Álvarez Conde, Cifuentes contó que le enviaba los trabajos por mensajería (no por email, “porque no le gustaba”, pese a que en los 22 tomos hay bastantes correos de Conde, como destacó la Fiscalía). Para hacerlos, además, no tenía plazos. O, al menos, eran difusos. “Es la persona que me fija una especie de calendario y quien me dice que no pasa nada por no ir a clase. No tuve comunicación con los profesores, lo hacía todo a través de él”, declaró.

Calonge, la funcionaria que cambió las notas

"¿Modificó las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quien se lo dijo?", le preguntaron en el juicio a Amalia Calonge, que admitió a renglón seguido que modificó las notas de la expresidenta. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", se excusó.

Por su parte, Chico, catedrático de la URJC, lo negó. Además, en su versión también apuntó el interés de Feito en conseguir el 21 de marzo de 2018 la información de la rueda de prensa que dio el rector Javier Ramos el mismo día en el que se destapó el escándalo. Ramos, que también ha testificado, dijo que ese día también le llamó en “numerosas ocasiones” el exconsejero de Educación, Rafael van Grieken, para reclamar el acta.

El exconsejero defendió que solo pidió la documentación a la que hizo alusión el rector en la rueda de prensa que dio entonces en la que aseguró que no había irregularidades.