Según ha explicado el portavoz del colectivo, los contratos se rescindieron unilateralmente incumpliendo el compromiso de prorrogarlos. "Ahora vemos como se deja tiradas a 126 familias que son sustituidas por máquinas expendedoras", ha lamentado.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, la abogada de la asociación, Laura Arias, ha dicho que se trata de un "despropósito jurídico" tanto en la forma como en el fondo.

"La Consejería de Educación y el Principado carecen de sustento para adoptar estas medidas tan lesivas para los derechos de los adjudicatarios de las cafeterías de los institutos y además, no ofrecen alternativa alguna", ha criticado.

Ignacio Rodríguez ha explicado que este grupo de profesionales lleva desde marzo, con las restricciones de la pandemia, sin poder trabajar. Afirma que se sienten abandonados.

"Tal parece que se quieren ensañar con nosotros, pues la mayoría de los miembros del colectivo ni siquiera pueden beneficiarse del paquete de ayudas aprobado por el Gobierno, al no poder pagar la Seguridad Social ni las cuotas de autónomos", ha dicho.