En un comunicado, LAB ha afirmado que lo ocurrido, "de momento sólo circunscrito a estos dos cargos, pero que pudiera ser ampliado a medida que conozcamos informaciones de otros casos de vacunación irregular, no solamente conlleva responsabilidades personales y políticas, sino también puede tener responsabilidades penales".

Tal y como hace constar LAB en la denuncia presentada, los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de "administración desleal de bienes públicos, apropiación indebida, actos contra los derechos de los y las trabajadoras, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho pasivo impropio".

Además, LAB ha afirmado que, "vista la experiencia con las filtraciones en los exámenes de OPE", no tiene "ninguna confianza en las investigaciones internas que puedan llevar a cabo Osakidetza o la Consejería de Sanidad".

Por ello, al igual que han hecho con las OPEs "fraudulentas", LAB ha dicho que se han visto en "la obligación de acudir a la justicia como única forma de poder aclarar lo sucedido y depurar todo tipo de responsabilidades".

En este sentido, desde LAB han exigido "ir más allá de las dimisiones" y han demandado una "investigación imparcial que aclare cómo han ocurrido los hechos, que depure todo tipo de responsabilidades y que aclare si esta práctica se ha producido en otras OSIs y se han vacunado personas que no tenían que hacerlo, valiéndose de su poder o su cargo".

"Con su actuación han expuesto a trabajadoras de primera línea de lucha contra la Covid a riesgos derivados de la actual falta de vacunas", ha denunciado LAB en referencia a Maiz y Sabas.

Para el sindicato, "hoy más que nunca queda patente la urgente necesidad de democratizar de arriba abajo Osakidetza y dotarla de jefaturas que verdaderamente se preocupen por nuestro sistema sanitario público y la salud de sus miles de trabajadoras". "Jefaturas no corruptas, que no se salten los protocolos y las normativas para su propio provecho. Jefaturas que no actúen con la impunidad que hemos conocido hasta ahora", ha defendido.

Por último, LAB ha asegurado que, al igual que están haciendo como acusación popular en el caso de la OPEs, tiene la intención de ir "hasta las últimas consecuencias en la denuncia de todos estas actuaciones irregulares y corruptas que pueden llegar a ser delictivas".