La magistrada anula de este modo las escuchas y todas las pruebas obtenidas en base a ellas, por lo que deja a los acusados a un paso de ser absueltos al decaer las principales pruebas de la acusación.

La Sala ha considerado que el oficio remitido por asuntos internos al instructor, tomando como base un anónimo, daba pie a "un expediente administrativo", pero "no daba una base sólida para vulnerar el secreto de las comunicaciones".

"Todo lo que deriva de las escuchas telefónicas determina nulidad de las pruebas", ha aseverado la presidenta del Tribunal, que ha calificado de "sospechoso" el oficio de asuntos internos asegurando que la nota "necesitaba una ponderación reforzada sobre su verosimilitud".

Así pues, ha trasladado que, tras analizar los distintos factores a lo largo de la semana, han concluido que "no pueden servir de injerencia en el secreto de las comunicaciones".

Con la anulación de las escuchas telefónicas, que según el juez instructor probaban la conexión entre los cuatro policías nacionales y nueve traficantes de la ciudad, también quedan sin valor las pruebas derivadas de las mismas, es decir los registros efectuados y las sustancias incautadas.

"FABRICAR LAS ACUSACIONES"

La decisión judicial ha concordado con la que mantenía la defensa, que durante las cuestiones previas había sostenido que "había elementos de sobra para suspender el juicio y anular las pruebas clave" contra los cuatro policías de la unidad antidroga.

Considera que toda la investigación se ha fundamentado en "escuchas telefónicas descontextualizadas y seleccionadas" para "fabricar de manera intencionada las acusaciones" de un relato incriminatorio.

Asimismo, las defensas también habían instado a que la causa se juzgase de manera conjunta con el caso que investiga el homicidio de un agente en la misma comisaría, así como el robo de armas en el búnker de la Policía Nacional.

Sin embargo, la magistrada ha subrayado que "no tiene sustento el nexo con el robo de armas ni con las armas sustraídas del búnker" por no haber una relación acreditada con el narcotráfico.

APLAZAMIENTO DE 24 HORAS

Tras escucharse las decisiones de las anulaciones de la jueza, las defensas han solicitado la conclusión de la vista entendiendo que "no existe base" para una acusación mientras que, por su parte Fiscalía, ha pedido "días" para reenfocar su estrategia.

Así pues, la presidenta del tribunal le ha concedido un plazo de 24 horas. El juicio se reanudará este martes, 26 de enero, a las 10,00 horas, cuando se sabrá si el Ministerio Fiscal continúa con la acusación a pesar de haber sido anulado el auto de las escuchas, columna vertebral del juicio, o se retira la acusación contra los 13 imputados -nueve traficantes y cuatro policías del departamento antidrogas de la comisaría de Ourense acusados de colaborar con ellos-.

"LLAMATIVO, PERO NO SORPRESIVO"

Al terminar la vista las defensas han asegurado que se trata de una resolución "llamativa pero no sorpresiva".

Llamativa, según ha explicado el abogado de la narcotraficante a la que se le pedía más pena de cárcel, porque "ha involucrado mucho tiempo, muchas personas y muchos derechos constitucionales" por lo que "parecía complicado que el Tribunal no quisiese mantener la causa y al final se la cargue". Aunque "tuvo sus dudas", sostiene que la Audiencia Provincial ha demostrado "ser un ejemplo de imparcialidad".

Sobre la droga incautada -que ahora queda anulada en el procedimiento como prueba por haber sido interceptada mediante un registro domiciliario derivado de las escuchas telefónicas-, ha expuesto que "prima que los ciudadanos sepan que hay unos derechos fundamentales para la presunción de inocencia y que hay unas formas de obtener esas llamadas y esos registros".

En la misma línea se ha manifestado la letrada del jefe de la Brigada Antidrogas. Ha asegurado sobre la incautación que, "cómo tantas otras que se realizan fuera de la legalidad, tienen que ser retiradas e incautadas pero las operaciones no se pueden realizar a cualquier precio".

Asimismo, ha lamentado que el juzgado de instrucción "no apreciase estas nulidades" puesto que "se podría haber evitado el sufrimiento de estar pendiente de algo que ya tenía que estar solventado".

Del mismo modo, ha expuesto que las otras causas que están siendo judicializadas -la muerte del agente y el robo de armas- no se verán afectadas directamente por la sentencia de juicio.

Así pues, la letrada ha opinado que, en la jornada del martes, fiscalía tratará de "tener una prueba aislada" para poder continuar con la acusación. Por su parte, espera que sea una sentencia absolutoria para que su patrocinado "regrese a su cargo".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha querido transmitir de nuevo su apoyo a los cuatro agentes acusados indicando que se congratulan de "que no se someta a los testigos a las declaraciones". Lamenta que "la imagen de la comisaría se haya dañado porque eso es irreversible". "Se ha hecho justicia y las personas que se tienen que sentar en el banquillo son otros", sentencia en referencia a los que hicieron los anónimos que desembocaron en el caso.