La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, se ha congratulado en rueda de prensa de que el Tribunal Supremo haya vuelto a dar la razón a la Junta en su "férrea defensa" del sector del cava estimando íntegramente el recurso presentado por el Ejecutivo regional.

Así, en la ultima sentencia, el Supremo ha estimado íntegramente el recurso presentado por la Junta contra la modificación del Real Decreto por el que se regula el potencial de producción vitícola y declara la nulidad del mismo, además de condenar en costas a la administración general del Estado, a la organización agraria Unión de Uniones y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava.

"Gobierne quien gobierne, la Junta de Extremadura defiende los intereses de los agricultores de Extremadura", ha aseverado la consejera de Agricultura.

ANTECEDENTES

Así, y como antecedentes, ha explicado García Bernal que en 2018 se impusieron restricciones a 57 hectáreas de nuevas plantaciones, de replantaciones y de derechos de plantación, un hecho que fue recurrido por Extremadura ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y frente el Ejecutivo central presidido entonces por Mariano Rajoy, un recurso que la región ganó.

En el mismo, dicho tribunal indica al ministerio que las restricciones deben ser "motivadas" para evitar el riesgo "claramente demostrado de oferta excesiva" y la necesidad de evitar un riesgo "bien demostrado de una devaluación significativa de la denominación de origen".

Asimismo, la responsable autonómica ha apuntado que con el informe de la Universidad de Extremadura (UEx) como prueba pericial quedó acreditado que "no eran ciertos esos términos y que el ministerio no lo había motivado suficientemente".

Por su parte, ha recordado que en 2019, ya con un gobierno de Pedro Sánchez, se establece la restricción por resolución de diciembre de 2018 a 377 hectáreas de replantación, ante lo que Extremadura solicita y consigue 202 de todas ellas.

Asimismo, y ya en 2020, ante las limitaciones de nuevas plantaciones, replantaciones y derechos de plantación para los años 2020, 2021 y 2022, recurrió el Real Decreto 536/2019 frente al actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

De este modo, y mediante una sentencia, ante la que no cabe recurso, el Supremo anula dos artículos de ese Real Decreto por el cual el ministerio eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir en las plantaciones de las denominaciones de origen de cava.

En este sentido, la Junta creía que así se materializaba un "relevante e inexplicable protagonismo" del Consejo Regulador, quien iba a ser el encargado de adoptar las decisiones sobre las limitaciones de superficie y autorizaciones de nuevas plantaciones de cava, en cuanto que se le permitía formular esas recomendaciones al Ministerio de Agricultura.

Además, como ha apuntado Bernal, iba en contra de un reglamento comunitario, por ello, y al plantear Extremadura el recurso y haberlo ganado el Ministerio de Agricultura está obligado a consultar a las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones y tendrá que ser el ministerio quien restrinja la producción o no, pero "siempre de una manera motivada, con informes y consultando a las partes implicadas".

"Con lo cual, queda claro que aquí no importa quién gobierna este país, solo nos motiva el interés de nuestros profesionales del cava en Tierra de Barros, al igual que nos ocurre con los tabaqueros del norte de la provincia de Cáceres", ha aseverado Begoña García Bernal.

De igual forma, ha expuesto que las dos sentencias obtenidas marcan un "aviso" a los actuales dirigentes del ministerio, ya que, cuando la Junta de Extremadura "se revuelve" siempre lo hace "con motivaciones" y cuando "tiene razones" para proteger a los trabajadores del campo.

Asimismo, ha recalcado que la administración autonómica ha defendido que los agricultores de Tierra de Barros tenían "más posibilidad de crecimiento" y, aparte de ese aspecto, la Junta entendía que no se podía privar de tener "voz y voto" a la hora de decidir el futuro de las plantaciones frente a los "oligopolios del norte de España".

Begoña García Bernal ha remarcado que los sectores productivos claves de la región son una "línea roja" para la Junta de Extremadura y los defenderá hasta "los últimos extremos, pero con motivaciones y por la vía judicial".