Legalizar las drogas blandas, convertir el esperanto en lengua cooficial en Europa o renovar los billetes de 500 euros para combatir el dinero negro son algunas de las propuestas que los españoles pretenden hacer llegar a la UE para que tenga en cuenta las preocupaciones ciudadanas.

Otras hablan de permitir el intercambio sin límites de películas y canciones en Internet, de tolerar el consumo de alcohol en la calle, de regular el uso de la sal y el azúcar en los alimentos, e, incluso de imponer un mínimo adecuado de educación a los policías.

Todas estas peticiones, canalizadas a través de Internet, caben en la iniciativa "Consultas europeas a la ciudadanía", puesta en marcha el pasado mes de diciembre por la Comisión Europea para aproximar la UE a los ciudadanos comunitarios. Los españoles son por ahora los más activos a la hora de hacer sugerencias -unas 25.000-, muy alejados de los franceses -unas 5.000-.

Sólo 10 propuestas

Un centenar de asuntos ya están en la lista, encabezados por la petición de legalizar las drogas blandas, con cerca de 3.400 votos, a gran distancia de la de proteger al consumidor de los grupos de presión ("lobby") de la industria cultural -unos 850-. Para aquellos que se puedan hacer ilusiones, la Fundación Luis Vives, organizadora de la consulta en España (www.consultas-europeas-a-la-ciudadania.eu), aclara que sólo diez propuestas se trasladarán a la UE.

Un grupo de cien ciudadanos de toda España se reunirá los próximos días 14 y 15 en Madrid para hacer esta selección y ponderar, de entre todas las sugerencias, cuáles son representativas de las inquietudes de los españoles. De las cuestiones aportadas por los internautas, se repiten algunas para combatir la corrupción y congelar el sueldo de los parlamentarios, o al menos, que éste dependa "del resultado de sus políticas".

También destacan entre las más votadas el control de las tarifas de las compañías de telefonía y la limitación del "precio de las cosas", para evitar que éste se infle en la cadena de venta. Otros proponen recortes a las atribuciones de la Iglesia, bien retirando la religión de la escuela o eliminando su casilla de la declaración de la renta.

Frente a los que reclaman derechos, los hay quienes exigen deberes y establecer un "servicio comunitario obligatorio" de entre cuatro y seis meses para todos los mayores de 18 años, "sin sorteos, ni discriminación por sexo", destinado a tareas de prevención de incendios, trabajo social o en el Ejército.