El instructor fija una fianza de 10.000 euros a Unión del Pueblo Navarro (UPN), que presentó la querella el pasado 2 de junio, para poder ejercer la acción popular.

En su auto, resuelve también que se dé traslado de la misma al investigado y que se le instruya de sus derechos de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala Segunda acordó el pasado 14 de diciembre abrir causa al consejero del Gobierno navarro por los delitos citados para esclarecer la supuesta concesión irregular a Davalur Salud de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017. Además, designó instructor de la misma al magistrado Andrés Palomo del Arco.