La Fiscalía se ha mostrado este miércoles favorable a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de marcar provisionalmente el 14 de febrero como fecha de las próximas elecciones catalanas, mientras toma una decisión sobre si es posible aplazarlas o no por la previsión de una evolución negativa de la pandemia. Sin embargo, el Govern ha continuado empeñado en defender que se pospongan hasta el 30 de mayo y ha asegurado que batallará lo que haga falta para que así sea.

El TSJC aceptó el martes las medidas cautelarísimas que pedían dos de los seis recursos presentados contra el decreto del Govern que aplazó los comicios hasta ese día de la primavera, y así, este quedó suspendido temporalmente. Lo hizo, argumentó, con el objetivo de que haya tiempo para preparar la votación de febrero en el caso de que su resolución final lo haga necesario. Entre este jueves y este viernes, tras recibir las alegaciones de la Generalitat y la Fiscalía antes de las 10 horas del jueves, decidirá si mantiene la suspensión cautelar mientras resuelve el fondo de los recursos o la levanta. Esta última opción comportaría que las elecciones se tendrían que aplazar, ya que no habría margen temporal para organizarlas para el 14-F.

En un escrito remitido ayer al TSJC, la Fiscalía coincide con el tribunal en que si el decreto no se suspende, "con toda probabilidad, si no plena seguridad", sería "inviable" celebrar los comicios el 14 de febrero, con lo que los recursos "perderían su finalidad".

Para el ministerio público, levantar la suspensión "equivaldría de facto, de adoptarse en el presente momento, a una anticipación del fallo (desestimatorio)" y se consolidaría "irremediablemente la eventual infracción del ordenamiento jurídico y, en su caso, la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los recurrentes".

"Batallaremos hasta el final para defender la fecha acordada", ha afirmado, por su parte, en referencia al 30 de mayo, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que ha llamado a los partidos catalanes y al TSJC a la responsabilidad para aplazar las elecciones.

Aragonès se ha pronunciado así en la Diputación Permanente del Parlament, en la que ha expresado su "preocupación, perplejidad e indignación por la judicialización" de la lucha contra la pandemia. Además, ha insistido en que el aplazamiento está avalado técnicamente y jurídicamente y está basado en criterios sanitarios.

Por otro lado, el conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha alertado de que una hipotética "baja participación", si se celebran las elecciones el 14 de febrero, puede conllevar una "no legitimidad" de su resultado.

La suspensión cautelar del decreto del Govern por parte del TSJC ha provocado un rifirrafe en el Parlament entre los dos socios de Govern, después de que el martes el vicepresidente primero de la cámara catalana, Josep Costa, al conocer la decisión del tribunal, escribiera en su cuenta de Twitter que "alguien debería dimitir", en referencia a los republicanos. El presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha acusado a JxCat de ser "gobierno y oposición" al mismo tiempo, algo a su juicio "triste, un poco cínico" y una "muy mala praxis". El diputado Francesc de Dalmases ha replicado a la crítica con parecidos reproches y se ha referido al "spot electoral" que acababa de hacer Sabrià.

También en el Parlament, Cs, PSC, comunes y PPC han cargado contra el decreto del Govern para aplazar las elecciones, lo han calificado de "chapuza jurídica" y han afirmado que está mal hecho.