Cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció que estaba estudiando la opción de solicitar la declaración de la capital como 'zona catastrófica' por los efectos de la borrasca Filomena, la primera reacción del Gobierno central fue negativa. "No hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados", dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la posibilidad de aplicar esta definición a la ciudad por el temporal de nieve. Poco a poco, otros territorios -algunos de ellos regidos por el PSOE- se sumaron a la petición y este martes el Consejo de Ministros ha acabado por dar su visto bueno.
A la solicitud formal de la capital, que se produjo el pasado jueves, 14 de enero, se sumaron progresivamente otros municipios de la Comunidad, algunos dirigidos por alcaldes socialistas, como Móstoles, Alcobendas y Fuenlabrada, que optaron por esta vía para afrontar las consecuencias de la borrasca.
A esta demanda se unió también Toledo, y el propio Ejecutivo de Castilla-La Mancha (ambos del PSOE) instó a sus localidades a requerirlo si lo consideraban oportuno. Este martes ya son 52 las poblaciones que lo han pedido en toda la región. Asimismo, Compromís (que gobierna en coalición con los socialistas y Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana) urgió a los de Pedro Sánchez a declarar como 'zona catastrófica' algunas áreas de la autonomía.
No obstante, desde que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, comunicó la posibilidad de solicitar la declaración de 'zona catastrófica', hizo falta que otros territorios de distintos signos alzasen la voz para que el Gobierno nacional se replantease su postura. Así, el Ejecutivo nacional pasó del no rotundo inicial a emplazar al final de la emergencia y a una paulatina evaluación de los daños para tomar la decisión, hasta que este martes se ha producido la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.
De este modo, el Ejecutivo ha aprobado la declaración de 'zona catastrófica' en ocho autonomías afectadas por el temporal Filomena: la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra. El Consejo de Ministros ha tomado esta medida tras una primera valoración de los daños, que deberán ser posteriormente cuantificados "con precisión", si bien se pueden ampliar los territorios afectados según avance el estudio de esos perjuicios.
Toque de queda
Algo similar ha ocurrido con las reticencias del Gobierno central a ampliar el horario del toque de queda impuesto a causa de la pandemia de COVID-19, que las autonomías pueden ajustar dentro de unos márgenes. Contrario en un principio a adelantar su inicio a las 20.00 horas, tal y como ya aplica Castilla y León, ha ido suavizando su postura a medida que distintas comunidades -tanto socialistas como populares- se han manifestado favorables a limitar la franja de permanencia en la calle. Así, parece que el Ejecutivo se abre a aprobar esta posibilidad en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles.
Después de que la Junta de Castilla y León acordase adelantar el inicio de las restricciones a la movilidad nocturna a las ocho de la tarde con el objetivo de doblegar la tercera ola de coronavirus, el Ejecutivo de Sánchez recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo, dado que el estado de alarma solo contempla que estas limitaciones pueden aplicarse entre las 22.00 y las 7.00 h.
Murcia, Galicia, Andalucía y la Comunidad de Madrid ya han transmitido su apoyo al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, tengan o no voluntad de adelantar las restricciones a la movilidad nocturna a las ocho. Sin embargo, no solo las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado partidarias. Así, la líder del Govern balear, Francina Armengol, ha defendido la posibilidad de disponer de "las herramientas a su alcance para gestionar la crisis. "Si tuviésemos la opción de avanzar el toque de queda, lo tiraríamos adelante", dice.
En la misma línea, se ha pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha planteado alcanzar un acuerdo de carácter general y para toda España. "Las ocho de la tarde sería aceptable por nosotros", ha defendido. Y en términos similares se ha expresado el Gobierno navarro, el valenciano y el líder del Ejecutivo canario, Víctor Ángel Torres, que se ha dicho a favor de modificar el decreto de estado de alarma y de apartar este tipo de decisiones "de la lucha política".
La decisión debería tomarse este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la de Política Territorial, Carolina Darias, máximos responsables de la gestión de la crisis, escucharán la posición oficial de todas las comunidades.
PCR en Barajas y test en las farmacias
Otros de los grandes caballos de batalla entre el Gobierno nacional y alguno dirigido por el PP, en concreto el de la Comunidad de Madrid, han sido la exigencia de pruebas PCR en el aeropuerto de Barajas para controlar la posible llegada de viajeros contagiados y la realización de test en las farmacias.
Así, después de una gran insistencia por parte de la Comunidad para que el Ejecutivo central aprobase exigir una PCR a los llegados a Barajas, los de Sánchez anunciaron que sería obligatoria a partir del pasado 23 de noviembre. En cuanto a los test de antígenos en farmacia, el Gobierno nacional se abrió por primera vez a esta posibilidad el pasado diciembre.
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