Aumentan las posibilidades de que las elecciones catalanas se tengan que celebrar el 14 de febrero, como estaba previsto en un principio, y por lo tanto, no sea posible el aplazamiento al 30 de mayo que aprobó el Govern el viernes ante una previsión de la evolución de la Covid-19 desfavorable. Ya advirtió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que la suspensión de comicios no está contemplada en la ley electoral, y este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido de forma cautelar el decreto de la Generalitat. 

El objetivo de esta determinación, ha argumentado, es que haya tiempo para preparar la votación de febrero en el caso de que su decisión final lo haga necesario. Así, el tribunal se posiciona, de momento, más cerca del PSC, el único partido que no está de acuerdo con el 30 de mayo, y que defendió celebrar las elecciones antes de Semana Santa.

La suspensión provisional del aplazamiento se ha produjcido al aceptar el TSJC las medidas cautelarísimas (sin escuchar a las partes) que pedían dos de los recursos presentados contra el decreto del Govern, uno de un particular y el otro, de Izquierda en Positivo. Cuatro más –de Lliga Democràtica, Federalistes d’Esquerres (vinculado al PSC), Pacma e Impulso Ciudadano– reclamaban, asimismo, que no se retrasaran los comicios, pero a través de medidas cautelares.

Estos últimos recursos se han trasladado a la Generalitat y a la Fiscalía para que presenten sus alegaciones antes del jueves a las 10 horas. Cuando la sala las reciba, empezará su deliberación para tomar la decisión final, que se espera ese mismo día o al siguiente. Las medidas cautelarísimas que ha aceptado el TSJC no anticipan su posicionamiento sobre el fondo del asunto, ha asegurado el tribunal. Sin embargo, ha apreciado que el decreto del Govern "puede tener incidencia en el ámbito del derecho fundamental", reconocido en el artículo 23 de la Constitución, a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante elecciones periódicas.

En sus autos, el TSJC señala que su decisión de ayer es "instrumental" y "por causas de urgencia extraordinaria", con el objetivo de que haya tiempo para preparar las elecciones para el 14 de febrero si finalmente se estimaran los recursos. Explica también que opta por aceptar la medidas cautelarísimas porque esperar las alegaciones a las cautelares supondría que no se podrían celebrar los comicios, o al menos se generaría una "grave inseguridad jurídica por el significativo acortamiento de los plazos previstos en la legislación orgánica".

El tribunal recuerda que las elecciones del 14-F fueron convocadas el 21 de diciembre y que el proceso electoral "tiene una duración de 54 días" con distintos plazos, que afectan a la formación de las juntas electorales, las mesas, el nombramiento de interventores, las candidaturas o el voto por correo. 

El Govern, añade el auto, paró el proceso el viernes, en el 25º día después de la convocatoria, y el decreto se publicó el sábado, con lo que las medidas cautelarísimas para su suspensión no pudieron pedirse hasta dos días más tarde. 

"Si a ello añadimos los días que pueden transcurrir para la tramitación de este incidente de suspensión, donde es necesario oír a las partes, nos encontraríamos ante una situación prácticamente irreversible en cuanto a la posibilidad de celebrar las elecciones en la fecha inicialmente prevista", advierte.

Tras la decisión del TSJC, el Govern, a través de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmado que no la "comparte" por las condiciones epidemiológicas previstas, pero ha vuelto a poner en marcha todos los preparativos electorales para votar el 14-F. También ha defendido que el decreto de la Generalitat tiene una "sólida base jurídica".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que este acata la determinación del tribunal y que esta es "coincidente" con el diagnóstico que hizo Campo.

Las reacciones

Pere Aragonès, vicepresidente del Govern: "Judicializar la lucha contra la pandemia es inadmisible. No es el momento de jugar con la salud de la ciudadanía"

Miquel Iceta, primer secretario del PSC: "Lo que procede es acatar la resolución judicial y seguir con los preparativos, aunque no recurriremos el aplazamiento".

Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC: "Felicidades, Salvador Illa, ya tienes lo que querías. En las urnas no dejaremos que te salgas con la tuya".

Carlos Carrizosa, líder de Cs en Catalunya: "Exigimos al Govern las formalidades jurídicas necesarias para hacer las elecciones".

Daniel Serrano, Secretario general del PPC: "Las cosas no se han hecho bien y hay derecho a recurrir. El Govern no ha utilizado la técnica jurídica adecuada".